Felicia N. (nombre ficticio), salió de su hogar a pie para ir al trabajo como todas las mañanas desde que inicio la cuarentena, caminaba hacia las oficinas centrales del Banco de Crédito, fue interceptada en la calle Bolívar y Méndez por dos “motochorros”.
Según comentó su abogado, Marco Cardozo, cogieron su cartera y hubo un forcejeo, cuando un automóvil dobló la esquina, los motochorros se distrajeron, la mujer aprovechó para correr con su cartera, sin embargo los malandros se quedaron con su celular, puesto que lo llevaba en la mano.
Alterada y emocionalmente afectada, llegó a su trabajo y comentó a su supervisor lo ocurrido, según relata el abogado por testimonio de la víctima, el supervisor no se mostró ni preocupado por el suceso y todo siguió en la normalidad. Molesta por la falta de seriedad con los trabajadores y su seguridad realizó la denuncia, pero se quedó con la incertidumbre de que si la empresa valora la vida de sus trabajadores, el Banco de Crédito incumple las normas según el representante del Ministerio de Trabajo en Tarija.
Javier Cardozo Cortez, director departamental del Ministerio de Trabajo, explicó a El Andaluz que por norma en esta cuarentena, las empresas públicas y privadas deben proporcionar transporte a sus trabajadores, tal como lo establece el comunicado 09/20 del Ministerio de trabajo.
El Banco de Crédito no proporciona transporte a sus trabajadores, viola la normativa, todos deben salir de sus casas a pie, y llegar puntuales sino son amenazados con descuentos y sanciones. Felicia N. no vive cerca de la oficina central ubicada en la calle General Trigo casi Ingavi, por lo que hoy como todos los días de la cuarentena debe caminar hasta su trabajo, arriesgándose a cualquier suceso, y si algo pasa con su seguridad, sus supervisores parecen no preocuparse como relató el abogado de la víctima.
No es la única empresa que no respeta las normas, Makiro SRL, no dota a sus trabajadores de equipos de bioseguridad, los mismos trabajan de manera normal en cuarentena.
Makiro es encargada de la distribución de tarjetas para cargar crédito para la telefónica Tigo, además de manejar la parte de marketing de Telefónica Celular de Bolivia S.A.
Federico Y. (nombre ficticio), explicó a El Andaluz que sostienen reuniones que aglutinan a más de diez personas, violando la normativa, además que no se dotó del equipo de bioseguridad mínimo para que salgan a trabajar.
“La empresa sacó la instructiva de salir con normalidad a vender tarjetas pero nosotros no contamos con todo el equipo necesario y así visitamos casi 80 tiendas y tenemos contacto directo con esos clientes, es lamentable que ponga en riesgo mi salud y de mi familia” relató Federico Y.
Cuando se le consultó si realizaron reclamos a los encargados de la empresa indicó que se molestaron, y que “lo toman de mala manera”.
El decreto Supremo 4196, vigente, dicta en su artículo 10 párrafo I. Los empleadores de los sectores público y privado al interior de sus entidades o instituciones deberán dotar el material higiénico apropiado y suficiente y adoptar los protocolos de limpieza que resulten necesarios.
Javier Cardozo Cortez, director departamental del Ministerio de Trabajo, además indicó que los trabajadores deben contar por lo menos con guantes, desinfectante, y barbijos.
El director departamental del Ministerio de Trabajo además indicó que recibieron denuncias de industrias Venado, aparentemente muchas empresas no están cuidando la salud de las personas y mucho menos promoviendo la seguridad de la población por contagio.
La policía departamental de Tarija, se ve también limitada para realizar labores de patrullaje y cuidar a las pocas personas que salen a diario todas las mañanas.
Los trabajadores están expuestos por la falta de seriedad de las empresas privadas, y como la mayoría de las personas sabe, cuando se hacen reclamos, esto molesta a las personas encargadas, o a los mismos dueños. Muchas personas se quedan resguardadas en sus hogares, pero otros tienen que salir a trabajar a diario, y la cuarentena solo perjudica sus labores.
Los trabajadores hacen un llamado a las autoridades para que sus vidas, valiosas como las de todos, sean protegidas y tomadas en cuenta.
Liberación
Tras varias horas de audiencia de medidas cautelares, la juez del juzgado de violencia intrafamiliar primero de la capital, ha resuelto dar detención domiciliaria a un hombre de 30 años de edad quien fue imputado de violencia física y psicológica en contra de su concubina de 28 años de edad. La víctima presenta cinco días de incapacidad médico legal.
El abogado del imputado, Romeld Arnez, refirió que en audiencia cautelar se demostró que no hay probabilidad de fuga del sindicado o de obstaculización, puesto que el mismo tiene una familia, cuenta con un trabajo y lo más primordial que no tiene antecedentes penales ni policiales.
“El Ministerio Público solicitó la detención preventiva en el penal de Morros Blancos; sin embargo, en audiencia, la defensa demostró que de acuerdo a la Ley 1173 no es pertinente hacer uso de la detención, previamente ya que el hombre no tiene antecedentes, además tiene trabajo, familia y ofrece todas las garantías a la víctima”, refirió.
Por todo lo aportado en la audiencia cautelar la juez dictaminó la medida sustitutiva donde el sindicado no se puede acercar a la víctima, debe presentarse a firmar al Ministerio Público y la detención domiciliaria.
En cuanto a los antecedentes, el legalista dijo que el hecho se habría suscitado el viernes en la noche, donde el imputado ha sido aprehendido en flagrancia puesto que su concubina llama a Radio Patrullas 110 porque estaba siendo agredida físicamente por su pareja.
“Cuando llegó la Policía el hombre se encontraba en estado de ebriedad y agrediendo a su esposa, donde le ha provocado cinco días de incapacidad física. La víctima durante la declaración explicó que sufría violencia psicológica y que tenía problemas anteriores que no podía denunciar por miedo, por ello es que se continuará la investigación” manifestó.
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