Corrupción de “el Lino” salpica al Presidente de la ALDT

En ese entendido, García informó que debido a la naturaleza de los hechos dentro de este caso se evidencia multiplicidad de conductas delictivas por parte de diferentes participantes, ya que luego de haber sido imputado: la Empresa Contratista, el Director Administrativo, la Comisión de Recepción y otros, la verificación de documentos recabados durante el curso de la investigación, se pudo identificar que durante el proceso de contratación para la compra de dicha Imprenta, Vega también intervino ya que este figuraba como ‘Jefe de la Unidad de Adquisiciones’ en el interinato de Lino Condori.

“El funcionario que elaboro el Documento Base de Contratación (DBC), de dicha imprenta ha sido Guillermo Vega, por expresa instrucción del co-imputado; Eloy Jurado, inclusive en los Formularios que se cursa en el SICOES, por lo que se evidencia que Vega estuvo como responsable de la elaboración del DBC, instrumento en el que se omite el establecimiento de las condiciones administrativas necesarias que posibilitaron la compra fraudulenta, pues no se había incorporado la obligatoriedad en la presentación de una Garantía que asegure el buen funcionamiento del equipo”, dijo García.

No obstante, la Autoridad explicó que en este caso tampoco se establecen las condiciones necesarias que aseguren que dicha imprenta sea totalmente nueva, considerando que se encuentra normativamente prohibida la adquisición de bienes usados o de segunda mano, como ha ocurrido en el presente caso.

Debido a estos fundamentos es que se ha procedido con la ampliación de la denuncia e investigación en contra del nombrado, por Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias, catalogados como delitos de corrupción, habida cuenta que ha sido afectada la economía departamental a través de una serie argucias que concluyeron con la compra de un equipo usado y con sobreprecio.

“Queremos dejar claramente establecido que la investigación penal obedece directamente a sus acciones como funcionario del interino Lino Condori, y debido a que el Departamento fue víctima de hechos que han atentado contra la economía de todos los tarijeños, y esperamos que ahora se haga justicia con todas aquellas autoridades y ex autoridades que durante mucho tiempo han sido cobijados por el masismo” aseveró García.

García además señaló que uno de los procesos que se ha denunciado ante el Ministerio Público, que resulta ser representativo en cuanto al «modus operandi» es el denominado «Caso Imprenta», que involucra no solamente la adquisición de un equipo con más de 15 años de uso, sino además muestra una serie de falsificaciones de documentos y múltiples alteraciones, que fueron realizadas con la finalidad de generar un precio referencial ficticio, ocasionando que el Departamento cancele más de novecientos noventa mil Bs., por un bien que no costaba más de cien mil, aproximadamente.

“Tan evidentes resultan los hechos, que inclusive la empresa proveedora «Konoha» ha solicitado formalmente la aplicación de un procedimiento abreviado, reconociendo su culpabilidad y renunciando al juicio oral, tramitación que se encuentra pendiente de realización en el Órgano Jurisdiccional”, dijo la Autoridad.

Nuevo Sur

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