Cuándo acudir a un abogado laboralista en Córdoba

El derecho al trabajo y unas relaciones laborales dignas para los empleados, están reflejados en la Constitución Española, haciendo que el Estado tenga el deber de proveer fuentes de empleos y que existan las mejores condiciones para los trabajadores

Cuál es el alcance de un abogado laboralista

Y es que la Constitución Española reconoce el derecho al trabajo y a que se desarrollen leyes para regular los estatutos, encargando así el poder legislativo para el desarrollo de normas que regulen estos derechos y los deberes esenciales a cumplir por el dueño de una empresa.

Pero muchas veces suelen existir conflictos entre empleados y empleador, que necesitan de la mediación o asesoría de un especialista legal en la materia, capaz de representar a las partes afectadas y de ofrecer apoyo a las personas desprotegidas en los lugares de trabajo.

Cuando un trabajador o un grupo organizado de empleados desean hacer una reclamación formal de sus derechos, ya que sienten que han sido desunidos por el dueño de la empresa, es necesario pedir la ayuda de abogados en Córdoba, para representar a la parte afectada en casos comunes como despidos injustificados o impagos en el salario.

Es por eso que acudir a un abogado laborista, permite realizar los trámites necesarios y evitar errores en la presentación de los requisitos y procedimientos que generalmente se desconocen.

Estos protocolos y formalidades son parte de los procesos legales inherentes a las querellas relacionadas con los conflictos laborales, y en las que la labor del abogado es esencial para que se realicen con eficiencia.

Las dimensiones de los servicios de un abogado laborista pueden enmarcarse a través de un poder denominado “apud acta”, en el que el cliente autoriza al abogado a representarlo antes las autoridades, sin requerir su presencia.

El otro poder, es el general para pleitos, mediante el que el abogado laborista tiene total permiso para litigar en tribunales con la ausencia de los trabajadores, ambos permisos son autorizados por la secretaria judicial y la notaría respectivamente.

Dentro del amplio área del Derecho laboral, el abogado laboralista está preparado para asesorar y defender los derechos de los trabajadores en todas las situaciones de conflicto que se presenten, siendo las siguientes las más importantes:

• Asesoría en materia laboral, tanto individual como colectiva (incluye a sindicatos).
• Ofrecer apoyo con trámites relacionados con la Seguridad Social, como pensiones, jubilaciones, liquidaciones, entre otros.
• Asesoría en el diseño y negociación de contratos de trabajo. Aquí también se incluyen los contratos colectivos.
• Trámites de expedientes de regulación de empleo.
• Asesorías en temas de despido, para analizar si el despido es justificado o no, y si se realizó según los requisitos exigidos por la ley.
• Asesoría y representación en casos de acoso laboral.
• Trámites sobre indemnización en caso de accidentes laborales.
• Análisis y cálculos de cantidades debidas, un trámite muy demandado y en la que el abogado asesora al cliente para que pueda recibir el pago adecuado, de acuerdo a lo que corresponda pagar a la empresa.

Motivos para acudir a un abogado laboralista

Antes de contratar los servicios de un abogado laborista es importante definir cuáles son las razones puntuales que motivan la contratación de este profesional.

El primero de esos motivos es el poder obtener información pertinente sobre aspectos laborales, como los beneficios de la ley, si la actuación del empresario está apegada a la norma, o si cierto comportamiento está fuera del marco legal.

Por otro lado, también se acude a un abogado laboralista para estudiar ciertas acciones que ayuden a evitar situaciones de conflictos, y por consiguiente, graves consecuencias, como por ejemplo, conocer los procedimientos inherentes al despido de un trabajador y sus derechos, verificar si el despido es justificado o no, y si existen posibilidades de ser revocado.

Y por último, está la ventaja de contar con una asistencia profesional en la que el abogado use con destreza la normativa, como la procesal, para determinar si existen posibilidades de éxito en caso de un futuro juicio.