Mujer intentó ingresar marihuana al penal de Morros Blancos

Un caso de tráfico de marihuana se conoció  en la jornada del martes, después que la denunciada intentara ingresar esta droga al penal de Morros Blancos de Tarija, la misma que fue detenida de forma inmediata, según informó el fiscal departamental de Tarija, Carlos Oblitas.

El caso se dio mientras la denunciada intentaba ingresar 3 gramos de marihuana al penal, momento en el que ha sido detectada por la Policía, posteriormente la Policía ha logrado allanar el domicilio de la acusada en donde se ha encontrado 478 gramos de marihuana.

“La acusada quien ha alegado ser ex funcionaria de la oficina de Defensor del Pueblo, ha sido detenida de forma preventiva para ser procesada por la ley 1008, mientras que la Policía no descarta que existan cómplices del hecho dentro del penal (….), la marihuana lo tenía escondido hábilmente camuflado dentro del bolsillo de una chamarra que llevaba puesta al momento de intentar ingresar a la cárcel”, dijo.

La 1008, los consumidores y el microtráfico

Según la Dirección de Régimen Penitenciario en Bolivia un 68% del total de la población privada de libertad no tiene sentencia. La problemática de retardación de justicia y corrupción en Bolivia es tan grave que llevó en 2015 a la creación de la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia y Corrupción.

A 30 años de su creación, la ley 1008 no especifica un gramaje mínimo, ni distinción entre estupefacientes. Además, debido a la ambigüedad de la redacción de sus artículos – “la cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo dictamen de dos especialistas”- se registran penas desproporcionales, yendo de tres a doce años de cárcel.

La desproporcionalidad de las penas fue cuestionada en 2016 por diversos organismos. Entre ellos la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que a través de su portavoz Antonino di Leo recomendó a Bolivia penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento para mujeres que comenten delitos menores de drogas, alegando que es una ley “draconiana y punitiva” que se ensaña con los eslabones más pobres de la cadena del narcotráfico, incrementa la pobreza, atenta contra los derechos humanos y vulnera a la población frente al delito.

REDACCIÓN CENTRAL/TINTA ROJA

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