Dos controversias en La Haya

La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en 2007, reconoció que las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el mar Caribe, son colombianas. Y, en el reciente fallo del 19 de noviembre, estableció que varios cayos y parte del archipiélago conformado por dichas las islas también pertenecen a Colombia.

Adicionalmente, la Corte definió la delimitación de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua y, como resultado, Colombia ve reducidas sus expectativas sobre la extensión de su mar territorial.

La inmediata reacción del presidente colombiano Juan Manuel Santos fue denunciar –o sea, abandonar– el Pacto de Bogotá que establece que sus signatarios están obligados a reconocer ipso facto la jurisdicción de la Corte de La Haya. Esta denuncia no invalida un fallo en un proceso terminado en el que estaba reconocida su jurisdicción. Solo significa que Colombia, luego del procedimiento de denuncia, no estará compelida en el futuro a aceptar la jurisdicción de la Corte.

Pero hay más: El presidente Santos ha considerado que el fallo de la Corte, en lo que refiere a los límites marítimos, “desconoce varios acuerdos internacionales”, lo que genera “una serie de complejidades” que afectarán a varios países caribeños y ha advertido que no aplicará el fallo “hasta garantizar que los derechos de los ciudadanos colombianos están defendidos”. Toma relevancia la declaración a la prensa del enviado nicaragüense a la Corte, Carlos Argüello: “No tiene sentido renunciar al Pacto porque los límites marítimos… son el resultado de un fallo del tribunal, y nada cambia ese fallo”.

Este fallo fue dictado cuando ya se había entrado en la fase final del diferendo chileno-peruano sobre el límite marítimo entre los dos países, al que se ha pretendido darle mayor significación de la que tiene para nuestro país. En Chile se ha dicho que, si prevalece la pretensión peruana, se haría imposible una salida soberana de Bolivia al mar en esa zona.

Aquí hay que separar dos asuntos: ¿La advertencia chilena se basa en su disposición de ceder a Bolivia una franja territorial hasta el mar, como solución a la mediterraneidad, como en 1975? ¿O se trata de un esfuerzo chileno para que el Gobierno de Bolivia se alinee frente al Perú, simplemente ofreciendo una remota posibilidad –que no tiene intención de concretar– de una cesión territorial a Bolivia?
Este es un tema que nuestra diplomacia debe analizar con atención y mesura.



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