Desarrollo social y sustentable

Lidia M. Campos Miranda

El desarrollo social es un proceso dinámico de promoción del bienestar de las personas, que con el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo y salarios, principalmente.

Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.

Si bien actualmente se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las condiciones económicas y sociales particulares de cada país, existen estándares internacionales que se consideran “metas sociales deseables”. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes organismos asociados son el referente principal en esta materia.

En este mismo ámbito, se encuentra el desarrollo sustentable como un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación de un modelo económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida.

En tal sentido, requiere manejar los recursos naturales, humanos, sociales, económicos y tecnológicos, con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida para la población.

Dependiendo de las prioridades asignadas por los gobiernos, las empresas y la población en su conjunto, cada país aplica sus propias estrategias para alcanzar el desarrollo sustentable.

Llevar adelante estas estrategias requiere modernizar la gestión institucional, especialmente en los países en desarrollo, con personal técnico, sistemas de información, mecanismos legales y administrativos, necesarios para planificar cuando los incentivos racionales son insuficientes (beneficios de gestión y sistemas de control).

De esta manera uno de los pasos fundamentales es empezar desde el espacio local; mediante la descentralización de las responsabilidades, y el compromiso de la comunidad.

En Bolivia a partir de la Ley de Participación Popular y posterior proceso de descentralización, se dieron avances significativos en este ámbito, sin embargo una verdadera descentralización del poder, recursos y toma de decisiones solo será posible a  través de la consolidación de las Autonomías Departamentales.

De esta manera la planificación del desarrollo, y distribución de recursos incentivará un cambio organizacional profundo, que promueva nuevas y mejores relaciones entre los actores (empresarios, trabajadores, proveedores, comunidad), favoreciendo con ello un desarrollo sustentable que valorice la diversidad cultural, social y territorial de la región.

El segundo factor importante es el compromiso de la comunidad, anteriormente mencionado, que hará de la gobernabilidad en Bolivia y en el departamento un proceso que de bueno resultados a beneficio de la población.



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