La transferencia de terrenos de manera ilegales fue la causa por la que el Concejal Sergio Gallardo hizo pública el día de ayer una conminatoria a la funcionaria encargada del registro perteneciente a las oficinas de derechos reales, como también involucró al Alcalde, Oscar Montes en este tipo situaciones alegando que a pesar de haber sido imputado por transferencia ilegal de terrenos, reincidió nuevamente en el delito.
«Después que fue imputado por transferencia ilegal de terrenos a particulares nuevamente ha solicitado y en conjuntamente con un miembro de la familia Moreno el registro de este terreno» por lo que Gallardo planteará esta situación ante las autoridades pertinentes.
Asimismo la conminatoria en la que otorga el plazo de 72 horas la «señora registradora» para que responda la solicitud realizada con anterioridad en la que pretenden dejar sin efecto un registro ilegal que ha realizado en oficinas de derechos reales. Trata de 3 terrenos, el primero ubicado en el manzano de la posta Guadalquivir en la zona de Las Barrancas, donde proceden al cerramiento, este terreno que cuenta con una extensión de 6.900 mts; otro terreno ubicado en el barrio Miraflores que tiene una extensión de 1.668 mts y un tercer terreno pequeño en el barrio 4 de julio que se transfirió de manera ilegal a la familia Moreno, manifestó Gallardo.
Según el concejal por el MAS estos terrenos transferidos de manera ilegal, es decir, sin ley del Estado Plurinacional fueron registrados en la oficina de Derechos Reales hace poco tiempo por lo que al enterarse de esta situación procedió a solicitar a través de memorial del 14 de septiembre, que se anule ese registro y que se entregue una fotocopia legalizada de la resolución que demuestre la atención a esta solicitud.
Ante la falta de respuesta por parte de esta autoridad incluso a pesar que transcurrieron 27 días, «por lo tanto ahora tomando en cuenta que los terrenos que fueron ilegalmente transferidos e ilegalmente registrados están siendo dispuestos, o sea construido por los nuevos propietarios por lo que hemos resuelto darle un plazo a partir de hoy de 72 horas», dijo Gallardo, quien en caso que no se resuelva anulando este registro se verá en la necesidad de iniciar un proceso penal contra «la señora jueza registradora de Derechos Reales de nuestra capital y contra todas las personas que resulten corresponsables de este ilícito», terminó.