El representante de Tarija ante el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Manuel Campero, aclaró que entregó la documentación solicitada a la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), sobre la 8va adenda firmada con la brasilera Petrobras.
El pasado lunes, el presidente de la Comisión de la Asamblea Departamental, Abel Guzmán, indicó que la estatal petrolera no habría entregado la documentación solicitada por la comisión legislativa, una solicitud con 8 puntos, del contrato con la empresa Petrobras para la venta de gas y las adendas que se firmaron.
Campero, explicó que remitió a la comisión de Energía el 11 de agosto la interpretación de la octava adenda.
Señaló, que la comisión solicitó el 11 de agosto el documento de la adenda y que respondió y envió el documento el 14 de agosto.
Para Campero, la firma de la última adenda con la empresa Petrobras para ampliar por 6 años más la venta de gas a Brasil, es el mayor negocio que hizo Bolivia en el sector hidrocarburífero.
Si bien se establece en la adenda, que Bolivia se hace cargo ahora del costo de transporte desde el mutún hasta la frontera con Brasil, se evitó pagar una multa por incumplimiento en los envíos del volumen de gas en años anteriores.
Explicó, que en la octava adenda también se redujo el volumen de gas que se debe enviar a Brasil para cumplir con la entrega de gas requerido.
Mencionó, que de 30.9 millones de metros cúbicos que se entregaba a Brasil, ahora se enviará un máximo de 20 millones de metros cúbicos por día.
El representante de Tarija ante el directorio de YPFB, indicó que de no haber firmado la adenda y mantener el volumen de gas a enviar a Brasil, Bolivia tendría que pagar una multa de 2.029 millones de dólares por los años 2020. 2021 y 2022.
Remarcó, que desde el 1 de julio de 1999 Bolivia entrega a Brasil 30.09 millones de pies cúbicos.
Campero, dijo que en la actualidad Bolivia no tiene la capacidad suficiente para cumplir con ese volumen de gas para ser entregado, por lo que se darían multas en contra del país por incumplimiento en la entrega del hidrocarburo solicitado.
Campero considera que la firma de la octava adenda es histórico para el país, porque permitirá continuar vendiendo gas a Brasil por seis años más, se evitan multas y otros alcances que tiene el documento firmado con Petrobras.
Con la reducción en los volúmenes de gas, dijo que se garantiza que el país pueda cumplir con la demanda solicitada por el vecino país.
Recordó que en diciembre del 2019 ya se cumplió el contrato de venta de gas por 20 años con Brasil, y se tenía una deuda con el vecino país.
Dentro del contrato para la venta de gas se establece la modalidad Take or pay, eso quiere decir que si Brasil requería menos volumen de gas del mínimo establecido, se le enviaría ese volumen pero tendría que pagar por el volumen mínimo establecido en el contrato.
Con esa modalidad, Bolivia recibió dinero por gas que no envió a Brasil y debía entregarse una vez que se cumpliera el contrato de venta de gas con Brasil.
Ese aspecto también habría sido incluido dentro de la octava adenda, entre otros aspectos que según Campero son de mayor beneficio que desventajas para el país.
A nivel nacional se generaron varias repercusiones por la firma de la octava adenda, señalando que por el pago del transporte desde el mutún hasta la frontera, Bolivia llegaría a perder alrededor de 5.34 millones de dólares por mes y que de marzo hasta julio del presente año la estatal petrolera ya habría perdido 25.3 millones de dólares.
La Comisión de Energía e Hidrocarburos anunciaron que fijaría una posición sobre el tema, una vez que se revise la documentación solicitada a la estatal petrolera sobre el contrato con la empresa Petrobras.
Osmar Arroyo/El Andaluz
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