Aseguran que en Yacuiba no hay canal "fantasma"

Tras la denuncia efectuada por un medio de difusión escrito, respecto a la existencia de un contrato firmado por la dirección de comunicación, con un medio “fantasma”, de la ciudad fronteriza de Yacuiba, el director de Transparencia de la Gobernación, Weimar Farfán, confirmó que  “El contrato fue abolido, no pagaron centavo alguno por el tratado, no  protocolizaron ya que deben tener un reconocimiento de firmas y rúbricas, tengo documentación de la notaria de gobiernos donde evidencian que no hubo reconocimiento de firmas y rúbricas”

Farfán manifestó que no se trata de un “canal fantasma”, sino de una concesionaria que debía brindar su servicio en la ciudad de Yacuiba, pero el día que suscribieron el contrato anularon éste, por lo tanto no corresponde a la Dirección de Comunicación de la Gobernación,  cancelar ni un solo centavo.

“Recabamos toda la documentación respecto a la denuncia y firma de contrato, quedó, prácticamente, desvirtuado ya que  no tiene daño económico al Estado” dijo. También explicó que  “con documentación en mano” pudo verificar, establecer y evidenciar que este contrato a suscrito el 1 junio y que el mismo día fue anulado, ya que la representante de la empresa solicitó que dejen sin efecto el mismo, alegando que no podría cumplir con el objeto del contrato porque no podrá emitir señal a la ciudad de  Yacuiba.

En cuanto a la mencionada protocolización del documento, aludida en cierto medio de comunicación dijo, que solicitó la documentación a la Notaria de gobierno  para evidenciar ésta situación, saltando a la vista, que no existe ninguna protocolización. Lo que corresponde en este tipo de documentos es identificación de firma y rúbrica, “Tenemos informe que no existe ningún reconocimiento de firma y rúbrica en materia de gobierno”.

Por otra parte, informó,  que no entró en detalle  acerca de los montos económicos que establecieron en el contrato (anulado). Afirmó que pudo evidenciar, en un medio de comunicación, que “Trata de la comparación que hacen personas particulares  respecto a la Gobernación”, motivo por el cual trató de enfocarse en comprobar si evidentemente dicho contrato era suscrito con una empresa “fantasma”, como señalaba la denuncia.

También explicó que la  acusación nunca fue interpuesta a la dirección de transparencia,  y que su actuación fue de oficio, ante  el conocimiento de dicha publicación,  siendo  obligación intervenir y solicitar la documentación pertinente, para recién poder emitir un criterio válido, y pudiendo evidenciar que no hubo cancelación  por el contrato que fue anulado en el mes de junio.

Finalmente acotó alegando que “No habría porque seguir investigando, toda vez que este contrato ha quedado sin efecto, porque el informe del asesor legal de la dirección de comunicación, el mismo día elevó un informe al director sugiriendo quedar sin efecto dicho documento”.



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