El ejercicio del poder le ha generado nuevas formas de imponerse ante los demás. Su condición de líder y presidente hacen que sus decisiones sean prácticamente inapelables, más aún si su entorno está dispuesto a lo que sea para satisfacerle. Y si lo que dice el “jefazo” es una orden que no se discute, la consecuencia lógica es el miedo individual y colectivo a ir en contra, so pena de ser tildado como enemigo del proceso de cambio.
Sin embargo, la crisis de los dos meses, la de septiembre y octubre con elecciones judiciales convertidas en plebiscito nacional y la marcha de los indígenas en defensa del TIPNIS, ha provocado, además de dos sucesivas derrotas políticas para el gobierno, que los bolivianos y bolivianas espanten el fantasma del temor y levanten su voz ante el autoritarismo, la represión y la arbitrariedad.
En las elecciones judiciales del 16 de octubre, seis de cada 10 votantes decidieron hacerse escuchar en todo el país y le han dicho No al Presidente, anulando su voto o sufragando en blanco. Son “voces” que repudiaron el intento de copamiento de la justicia con candidatos cuoteados por el MAS, pero también son “voces” que expresan el descontento generalizado, sobre todo en centros urbanos, ante actitudes y políticas gubernamentales paradógicamente contrarias al proceso de transformación.
La llegada de la marcha de los pueblos indígenas a La Paz, el 19 de octubre, también sirvió para que la gente termine de desterrar sus temores y vuelva a expresar su voz rechazo, saliendo masivamente al encuentro de quienes desafiaron al poder desde tierras bajas, protestando por las humillaciones y la violación a los Derechos Humanos de los marchistas del TIPNIS y mostrando unidad entre andinos y amazónicos por una causa que no es la del gobierno.
Tan evidente fue la acción de despojarse de las ataduras de la aprehensión que centenares de funcionarios públicos, que días antes fueron obligados a participar en el cierre de campaña por el Sí, dejaron sus escritorios y se volcaron a las calles para recibir a los marchistas con aplausos y ayuda humanitaria. No les importó si eran fotografiados o registrados en las listas negras de los operadores políticos del oficialismo porque era un momento de libertad.
Y los que con menos complejos se expresaron a la hora de perder el miedo fueron los jóvenes del país que nutrieron las marchas realizadas tras la represión del 25 de septiembre en Yucumo y las vigilias convocadas en varias capitales de departamento, pero también fueron los grandes impulsores en las redes sociales, en ese mundo donde mandan ellos, del voto en contra del gobierno en las elecciones judiciales. Si bien, el rol de los jóvenes fue vital en ambas coyunturas políticas, el riesgo es que pueden haber marcado un quiebre generacional que los distancie de los contenidos esenciales del proceso de transformación.
En lo interno, el fenómeno de la pérdida del temor también puede ingresar a la estructura misma del gobierno: sectores sociales que se mantienen leales al Presidente, niveles del instrumento político con expectativas insatisfechas y factores de poder que garantizan gobernabilidad en el país, manifestándose a favor del esquema gubernamental, pero empezando a exigir nuevos privilegios políticos, económicos y dirigenciales, es decir a cobrar facturas por su apoyo. Por ello, resulta por demás llamativo el pedido público de un indulto presidencial para generales y almirantes de las Fuerzas Armadas que fueron sentenciados por la masacre de octubre de 2003.
El gobierno de Evo Morales debería estar consciente de que gran parte de la gente le perdió el miedo y que ante el nuevo panorama tiene la opción de dar paso otra vez a la línea dura y la generación de un clima de confrontación social, o establecer mínimamente puentes con sectores que no piensan y actúan como él sobre la base de una agenda política, institucional y económica compartida. Tal vez, esto último sea un exceso de optimismo y que termine de imponerse nomás la corriente que se alimenta de la confrontación. La decisión final la tiene el “jefazo”.
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