El conflicto salarial interpela a la Economía

Enrique Velasco

En la negociación salarial del 2012, la Central Obrera Boliviana ha centrado su demanda al Gobierno en una canasta básica de 8.300 bolivianos. Frente a esta demanda, la propuesta del Gobierno fue aumentar el salario mínimo nacional en 23% (a 1,000 bolivianos) y los salarios en 8% para compensar la inflación que registró el INE en 2011.

Para los trabajadores, la oferta oficial es absolutamente insuficiente: el salario mínimo no cubriría el 12% de la canasta básica solicitada o el 30% del ingreso necesario para superar la línea de pobreza; y el 8% está lejos de reflejar el crecimiento real de los precios en rubros esenciales como los alimentos. Para los empresarios, el 8% es un razonable referente para negociaciones con los trabajadores, pero consideran excesivo el 23% al salario básico. Finalmente, para el Gobierno, el 8% compensa la inflación y el aumento al básico no debería ser un problema para el sector privado.

El gobierno ha dado por cerrado el debate en esta gestión adoptando unilateralmente su propuesta con base en dos argumentos: primero, desde 2006 el salario básico ha sido más que duplicado; y, segundo, el PGN 2012 incluye unos $us. 5,000 millones para inversión productiva, un monto sin precedentes que se traduciría en mayores excedentes y en nuevos puestos de trabajo.

Más allá del porcentaje del incremento, el limitado alcance de los beneficios –que llega a un 20% de la población ocupada que está regida por la Ley General del Trabajo–, las magnitudes de las cifras y los argumentos empleados, además de marcar las diferencias y las distancias entre las expectativas de los actores institucionales, interpelan a “la economía” en cuanto a su capacidad para ofrecer bienestar a la ciudadanía. Es decir, con reservas internacionales suficientes para cubrir dos años de importaciones y recaudaciones tributarias que se aproximan al 25% del PIB, un salario medio nominal por debajo de la línea de pobreza, y un salario mínimo que cubre sólo la mitad de la Canasta Normativa Alimentaria, son serios indicios de que la gente no es prioridad para la economía.

De hecho, entre 1996 y 2010, el PIB nominal ha crecido en 4.3 veces, pero el índice de salarios medios aumentó en menos de la mitad, 2.1 veces. Específicamente, entre 2000 y 2008, el PIB real ha crecido de 22.400 a 30.300 millones de bolivianos, el Excedente Bruto de las Empresas pasó de 11.900 a 18.900 millones, y las recaudaciones tributarias de 1.800 a 3.000 millones, pero la remuneración a empleados se estancó en 8.500 millones de bolivianos (en realidad cayó de 8.610 a 8.480), mostrando el deterioro de la participación del trabajo en la distribución de la renta nacional. Es decir, en el 2000 los empleados recibieron el 36% del PIB pero el 2008 sólo el 25%, lo que equivale a una reducción acumulada de 40,000 millones de bolivianos entre 2000 y 2008.

La caída de la participación del trabajo en la distribución de la renta, puede asociarse a la concentración de las inversiones en el sector extractivo, que siendo intensivo en capital, no genera empleo: entre 1990 y 2000, cada Bs.1 de inversión generaba Bs. 1,45 en remuneraciones, mientras que desde 2001, sólo genera 70 centavos, menos de la mitad; en 2011, el sector extractivo exportó unos $us. 9.000 millones, pero ocupa menos del 2% de la PEA.

En resumen, el aumento en recaudaciones tributarias y el excedente bruto de las empresas (privadas y públicas), se ha dado a costa de deprimir la remuneración al trabajo en términos reales, tendencia acentuada al focalizar la inversión en sectores extractivos “estratégicos” que no generan empleo. Esto desplaza marcadamente, en beneficio del capital, el equilibrio que debe existir entre la remuneración al capital y al trabajo para armonizar los niveles de oferta y de demanda; es decir, la profundización financiera de la economía asigna un rol más sustantivo al capital, en tanto que considera al trabajo como el factor abundante, fácil de ser sustituido y ser “administrado” con políticas sociales asistenciales. Al asumir que el capital y las transacciones financieras son intrínsecamente superiores para crear valor, se proyecta el crecimiento económico sólo en función del nivel de inversión.

Este es un camino equivocado que está pavimentado con la (falsa) idea de que la economía responde a leyes invariables. La realidad es que las economías se hacen y funcionan por los valores y las prioridades sociales respecto a las formas de crear valor, a los equilibrios entre oferta y demanda, a los patrones de distribución del ingreso, y al poder relativo del Estado, de los trabajadores y de las empresas para influir en la toma de decisiones. Implica que no todo crecimiento es igual, y que no todo crecimiento ni todo equilibrio macroeconómico son buenos para la sociedad. Por cierto, no tiene sentido hablar de una macroeconomía saludable si la economía no es capaz de mejorar la realidad cotidiana de las personas, ni de tener altas tasas de crecimiento, si éste es un crecimiento que empobrece a amplios sectores sociales.

Las cifras muestran que hoy, el conflicto sobre el aumento salarial en Bolivia, no es un tema de inflación sino, esencialmente, es un problema de mala distribución de la renta. En una “economía para la gente”, el ser humano es a la vez el origen de la riqueza y el destinatario de los beneficios del crecimiento; por ello, la distribución equitativa de la renta es un principio fundamental que se debe aplicar por encima de toda otra meta, sea de crecimiento, de inflación o recaudación. Implica que la capacidad normativa y reguladora del Estado tiene que orientarse a promover e incentivar la agregación de valor, la creación sostenible de empleo digno, y la mejora permanente de la productividad que se traduzca en mejores remuneraciones y en el fortalecimiento de efectivas redes de protección social.

En tanto estos no sean los temas de la agenda de desarrollo, la pugna salarial no sólo persistirá como fuente de conflicto, sino que acentuará los niveles de descontento y de confrontación.




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