Lidia M. Campos Miranda
La destitución del Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ha causado y seguirá causando impacto en los gobiernos de la región, entre ellos Bolivia y en Organismos Internacionales.
Según la Organización de Estados Americanos (OEA), el juicio sumario al que sometieron al ex Presidente, y del que fueron testigos los países vecinos apareció formalmente apegado a la ley, aunque no pareció cumplir con todos los preceptos del derecho a la legítima defensa.
En Asunción, manifestantes reclamaron la restitución de Fernando Lugo como Presidente, evidenciando así el descontento de la población, misma que el día del juicio sumario se amotinó masivamente en la plaza en defensa del entonces primer mandatario.
Víctor Dentella, de Profesión Periodista en el Paraguay, señaló aquel mismo día que en su país se vivía una fuerte turbulencia política, en la que sectores muy conservadores y reaccionarios estaban anteponiendo sus intereses partidarios y personales…”ojalá esto termine pronto y sin enfrentamiento entre nuestra gente que es el capital más importante que poseemos como país”…
La Organización de Estados Americanos (OEA), convocó a una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente para estudiar la destitución de Fernando Lugo como Presidente de Paraguay. Sin embargo la medida ocasionó rechazo en la mayoría de los Presidentes Sudamericanos.
Después de suscitado este panorama poco alentador, en Bolivia, el partido de gobierno teme un golpe de Estado, a raíz de los conflictos generados esta vez en la Policía Boliviana, motivo por el cual denunció que fuerzas reaccionarias intentan manipular a la Policía para fines personales.
En el país, este acontecimiento se suma a muchos otros que hacen que el panorama conflictivo vaya en ascenso; según un estudio de la Fundación UNIR, una comparación del número de conflictos registrados en febrero de 2012 con los del mismo mes de años anteriores muestra que los niveles de conflictividad social en Bolivia aumentaron considerablemente a partir de 2009, alcanzando el pico más alto en el 2011.
El número de conflictos de febrero de 2012 triplica la cifra registrada en 2010 y es ocho veces más alta que la de 2009.
Un análisis más global especifica una relación de los periodos de gobierno con mayores niveles de conflictividad: UDP 54 conflictos por mes; y el gobierno actual 121 conflictos durante la gestión 2011; la mayoría de ellos por temas políticos y económicos.
Pese a las facultades que otorga la legislación vigente en Bolivia, el “diálogo social” para resolver conflictos es una manifestación circunstancial, que no permite cristalizar un proceso de concertación que sea a la vez preventivo de conflictos en la sociedad.
Los motines, marchas, huelgas y manifestaciones, que a menudo terminan con hechos de violencia, son parte de la cotidianeidad del país; impidiendo la existencia de un gobierno pacífico y evidenciando una incapacidad de dar soluciones oportunas.
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