El actual Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, se encuentra haciendo seguimiento a una investigación del Ministerio Público en contra del alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, referente a la construcción del Puente 4 de Julio, desde el Gobierno Municipal de Cercado, se asegura que actuaron siguiendo todos los procedimientos y normas.
La Alcaldía ya fue notificada con el proceso de investigación, por lo que hoy se tiene previsto realizar una inspección a la ejecución de la obra del puente 4 de Julio que se construye sobre el río Guadalquivir a pocos metros del puente San Martín y en el acto estarán presentes las autoridades para despejar dudas.
El secretario de Obras Públicas de Cercado, Rodrigo Ichazo, señaló que es una denuncia que viene desde hace un tiempo atrás y que ha estado en distintas instancias como en el Ministerio de Transparencia. “Si bien yo no he sido parte de la Comisión de Calificación, pero como Secretaría de Obras Públicas se toma conocimiento de cualquier proyecto que tiene la etapa de preinversión, inversión y ejecución”, dijo.
Ichazo, dijo que las observaciones en su momento fueron esclarecidas por la Comisión de Calificación que participó de este proceso, es decir que no se trata de los materiales que se usan en la obra, sino del cómo se ha calificado y adjudicado a la empresa que construye la obra.
Es por eso que se verificaron las propuestas en sentido de mejorar las condiciones, como es el caso del hormigón, que fue ofertado un premezclado Tipo A que es de mayor resistencia y mayor capacidad a la compresión y un tipo de colchoneta que a en su momento se ofertó de mayor espesor y dentro de lo que estipula la norma boliviana y bajo los errores subsanables o criterios de subsanibilidad cuando se ofertan mejores condiciones. “Al no afectarse el objeto de cada ítem se hacen estas conclusiones y el haber presentado que ha sido el calificado de mejor manera, incluso dentro de las seis propuestas presentadas en esta licitación pública”, agregó.
En ese sentido, Ichazo aseguró que se adjudicó a la empresa con un monto de 4 millones 200 mil bolivianos más barata al resto de las ofertantes, lo cual fue explicado por la Comisión y que a su criterio están fuera de lugar.
Agregó, que como Gobierno Municipal coadyuvarán en la investigación y explicar algunos aspectos como ser la etapa de construcción, además que la Comisión de Calificación hará su representación con los informes técnicos correspondientes para absolver las dudas que existen en el proyecto.
Denuncia
A raíz de supuestas irregularidades los concejales realizaron la denuncia ante la Unidad de Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, donde toma conocimiento el director de dicha unidad (Dr. Oscar Vargas Amezaga), el cual extiende los plazos para la gestión de denuncia y se limita a consultar a la empresa sobre la existencia de irregularidades en el proceso de contratación por lo que los concejales acuden a la representación del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
El Dr. Horacio Balcázar tomó conocimiento y pese a las recomendaciones realizadas por la profesional abogada de dicha representación, el representante (por presiones políticas de parte del MAS para favorecer al alcalde) se negó a cumplir con la función encomendada por Ley y no formuló la denuncia en el plazo establecido.
Por lo que después de dos años de que esta denuncia fue escondida por anteriores funcionarios, la actual representación de Tarija del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, agilizó esta denuncia, obteniendo todas las pruebas y los informes necesarios, y materializó la presentación de la denuncia penal en contra del Alcalde de Tarija, en fecha 28 de julio de 2020 por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. A la fecha ya se ha realizado una audiencia de inspección ocular, para evidenciar algunos de los hechos denunciados.
Denunciados
Los miembros de la comisión de calificación, Alfonso Lema Grosz, Cira Flores Villarroel, Valmore Donoso Zambrana, Víctor Hugo Cortez, David Medina Yurquina, Wilson Ramírez, Heidi Centellas Bejarano. El responsable del proceso de contratación, Diego Ávila Navajas, la máxima autoridad ejecutiva Rodrigo Paz Pereira.
También fue denunciado el representante legal de la empresa Convisa, David Henry Terceros, el jefe de la Unidad de Transparencia del GAM, Oscar Vargas Amezaga y el ex jefe del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Horacio Balcázar Cazón.
Antecedentes
El origen de la denuncia contra el alcalde Rodrigo Paz, es la denuncia interpuesta en fecha 3 de agosto del 2018 por cinco concejales, por supuestas irregularidades cometidas en la contratación y construcción del puente 4 de Julio, sobre el material utilizado en la construcción, como ser la señalización vertical, el hormigón ciclópeo, iluminación de puente arco, etc.
La existencia de ítems que no describen de manera específica el material a ser utilizado, la existencia de ítems de los mismos trabajos realizados, pero con distintos precios, observación en cuanto a la experiencia específica requerida para el personal contratado, se toma en cuenta a personal que ni siquiera era profesional al momento de ejercer el cargo para que cuente con la experiencia requerida.
Toda esta serie de irregularidades eran más que suficientes para que la empresa sea descalificada, sin embargo, la Comisión de Calificación pasó por alto todas estas irregularidades y no habrían hecho absolutamente nada al observar estas anomalías, incluso después de haber sido puestas en evidencia, por tanto, la Comisión Técnica, incumplió el deber de aplicar la norma de forma correcta e imparcial.
Posterior a esto el alcalde Rodrigo Paz Pereira es el que realiza la entrega de todos los antecedentes de la licitación al Concejo Municipal para que sea quien dentro de sus atribuciones de fiscalización, otorgue el visto bueno para la firma del contrato, pero pese a que el ente edil hace notar toda la serie de irregularidades que existían dentro de la licitación y de recalcar que no era procedente la firma de dicho contrato.
Sin embargo, el Alcalde pese a conocer toda esta serie de irregularidades firma y suscribe un contrato lesivo al Estado, ocasionando un daño económico al Estado por un monto de setenta y tres millones doscientos ochenta y un mil trescientos treinta y nueve 02/100 bolivianos.
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