El conflicto originado entre el Gobierno y la Policía Nacional, tuvo un atisbo de solución cuando en La Paz. Autoridades de Gobierno, representantes de Asociación de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol) y de las esposas de uniformados, suscribieron la madrugada del domingo un acuerdo de ocho puntos que responde a las demandas de ese sector, en conflicto desde el pasado jueves.
Este acuerdo fue rechazado por los policías de base de todo el país y según sargentos y oficiales amotinados, las medidas de presión en todo el país se incrementarán y tiene previsto que un 60 por ciento de policías amotinados en diferentes unidades de todo el país lleguen a la sede de Gobierno para radicalizar su protesta.
Mientras tanto la ministra de Comunicación Amanda Dávila, negó hoy una supuesta presión del Gobierno a la representante de las esposas de uniformados, Guadalupe Cárdenas, para la firma del acuerdo y afirmó que ella estuvo de acuerdo con todos los puntos, después de consultas con sus bases. Realidades de la vida. Acá salen a relucir los fantasmas de la vida, cuando el gobierno a través de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila dice que existe un grupo de oficiales “de la derecha” infiltrados en el motín policial, que cumplió su cuarto día de vigencia, que no le perdonan al Gobierno el haber trasferido el Servicio de Identificación Personal y Licencias, a manos de la administración civil, por lo que estarían interesados en propiciar un golpe de Estado mediante un posible enfrentamiento armado con los militares. Se denuncia además la creación del “Plan Tipnis”, para derrocar a Evo Morales.
En este punto distintos representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSSCLAPOL) en diferentes regiones conforman comisiones y piden negociar sus demandas en la ciudad de Cochabamba. El presidente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos y Clases (ANSSCLAPOL) de Cochabamba, Suboficial José Cáceres, informó que recibió la confianza de sus camaradas de las distintas regiones para encabezar una comisión nacional y negociar sus peticiones en su distrito, puesto que la dirigencia policial, liderada por Edgar Ramos, fue desconocida.
La crisis de gobernabilidad del “Evismo” ha alcanzado hoy un nuevo hito: ante la masiva desobediencia policial, el presidente Juan Evo Morales Ayma despliega a las Fuerzas Armadas en las calles, inicialmente con el cometido de sustituir a los huelguistas en tareas de seguridad ciudadana, pero con la posibilidad de que esa movilización derive en otras alternativas, incluyendo un eventual Estado de Sitio. Lo cierto es que el Gobierno se juega mucho en las próximas 48 horas, vitales antes de la llegada de la IX Marcha Indígena a la ciudad de La Paz, momento en que el poder central necesitará de toda la capacidad represiva para garantizar su estabilidad.
Fantasmas y realidades rondan Palacio Quemado y los inquilinos empiezan a ver con mucho temor estas visiones y realidades a la vez, no otra lectura se hace de la salida del Ejército Boliviano a las calles, cuando todo policía de base esta acuartelado y amotinado, dejando a los nueve departamentos de Bolivia a merced de los antisociales, además a 36 naciones originarias y 18 en curso de convertirse oficialmente en nación, a dádiva de la institución de seguridad según sus usos y costumbres. El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad histórica, para que este movimiento no termine con un derramamiento de sangre y una masacre entre hermanos bolivianos.
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