Suspenden audiencia en caso “Imprenta” sin fecha de reinicio

El proceso abreviado que debía darse el lunes en el caso “Imprenta” donde la empresa proveedora admitió su responsabilidad, fue suspendido sin fecha por las autoridades judiciales, ante el pedido del abogado de la acusada que argumentó problema de salud de su cliente.

“En el caso ‘Imprenta’ lamentablemente, pese a estar presente la Fiscalía, el juez, la Gobernación, abogado defensor de la imputada, de la representante legal de la empresa ha pedido la suspensión de la audiencia aduciendo problemas de salud”, La información es del Secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García Delfín, al especificar que la imputada estaba con algún tipo de patología, alguna enfermedad, motivo por el cual el juez dio curso al pedido de suspensión.
El juez hizo saber que informará oportunamente en cuanto a la reprogramación, “sin embargo, vaya ser este lunes, el siguiente lunes o el siguiente mes, el caso es absolutamente claro y se van a comprobar esos delitos tarde o temprano”, advirtió García. La suspensión no tiene fecha debido a que la modalidad que está en curso para las audiencias es virtual y la programación depende, no solamente del juez, sino de una unidad gestora que organiza las audiencias judiciales.

La gobernación espera que en las siguientes horas se defina la nueva fecha y en este caso se logre la primera sentencia condenatoria, considerando que la empresa proveedora de la imprenta a medio uso y entregada como nueva, admitió su responsabilidad.

Consultado si las disposiciones establecen las veces que puede suspenderse una audiencia como de la que se habla, García respondió que las audiencias no deberían suspenderse nunca, ya que la administración de justicia debe ser oportuna y actuar con celeridad. “La justicia tardía pierde su esencia, por tanto, no debería ocurrir este tipo de circunstancias, sin embargo, considerando que estamos en una época excepcional de salud, considerando el riesgo que existe en las personas, la gobernación no se opuso a la verificación médica de la imputada”, dijo.

Una vez que haya certeza sobre el estado de salud de la representante de la empresa, tendrá que asumir su responsabilidad penal, agregó García que anteriormente dijo que por la imprenta usada pagaron 120 mil bolivianos, pero informaron que costó más de 900 mil.

El Secretario también informó anteriormente que la propia Aduana Nacional confirmó que ingresó una imprenta a medio uso y no nueva como informaron quienes adquirieron el equipo para la gobernación en la gestión del Exgobernador Lino Condori Aramayo.

Fernando Barral Zegarra

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