El dirigente campesino, Rene Rollano, manifestó su preocupación por las cláusulas en la tramitación para el traslado de granos, lo que considera perjudicial para el sector productivo y solicita una reunión con las instituciones responsables. “Es un perjuicio para los productores del área rural, si quiere controlar el contrabando, que ingresen las fuerza públicas a la frontera, no podemos vender un solo grano sin esos requisitos”, señaló.
Los campesinos se reunirán este martes en su Federación con el objetivo de reformular el convenio firmado entre el SENASAG y el INIAF. “Hemos mandado una resolución rechazando ese convenio, en la Federación vamos a discutir este tema, en el gobierno del MAS nos prometieron una tarjeta de productor que nos sirva para los trámites pero no llegó nada, es una medida molesta para los campesinos”, indicó.
El dirigente aseguró que no se oponen al cumplimiento de las leyes, pero la medida adoptada para frenar el contrabando en la zona, genera percances a los campesinos, respecto al INIAF argumenta que no realizan los controles de su competencia “La semilla viene de otras regiones, no hemos visto un resultado de innovación del INIAF, lejos de ayudar, nos están metiendo trabas para comercializar, tenemos que vender para pagar los costos de las maquinarias y agroquímicos”, declaró.
La pandemia y sus restricciones en la cuarentena, el factor adverso de la sequía, nublan el panorama de los sectores productivos, quienes demandan asistencia por las pérdidas de cultivos y planes de reactivación económica.
Bolivia enfrenta su peor año económico por cuenta de la pandemia
Ante la crisis económica en Bolivia, varias empresas están pagando las indemnizaciones, pero otras han optado por no hacerlo agravando el conflicto con los trabajadores que se movilizan en las calles para exigir la intervención del Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez.
El ministro de Trabajo, Oscar Mercado, anunció un plan de emergencia para subvencionar en las empresas con 19 millones de dólares para el pago de salarios de 11.000 puestos de trabajo hasta fin de año, pero los sindicatos quieren que los trabajadores retornen a las compañías.
El Gobierno aún no tiene un registro de todas las empresas que se han cerrado o cuántos empleos se han perdido y los analistas afirman que casi todos los sectores serán dañados, por lo que piden a las autoridades un diagnóstico real del impacto de la pandemia.
Según el Centro de Desarrollo Laboral y Agrario, la pobreza se ha agravado, la tasa de desempleo urbano ha subido de 4,2 % a 7,4 % y la informalidad ronda al 80 % de la población económicamente activa.
El Banco Mundial pronosticó que la recesión en Bolivia puede provocar en 2020 una caída del 5,9 % del Producto Interior Bruto, la peor cifra desde los años 80 cuando el país sufrió una devaluación y una inflación históricas. La peor tasa de esa época fue de -4%, en 1983.
Entre el 2010 y el 2018, gracias al motor de los precios de las materias primas, la economía boliviana creció anualmente por encima del 4 % y en 2016 alcanzó un pico de 6,7 %, aunque luego comenzó su declinación hasta situarse en 2019 en 2,2 %, según datos oficiales.
(El Andaluz/Yacuiba)
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