Municipios rechazan no devolución del 12% del IDH

Entretanto el Secretario Ejecutivo del Gobierno Municipal de Cercado, Diego Ávila Navajas, sobre la posibilidad de que no se devuelva el 12% del IDH acumulado a las entidades subnacionales, respondió que sería una actitud muy negativa.

Se trata de recursos de los gobiernos municipales que están en una cuenta sin utilizar del BCB, son casi 500 millones de dólares que se confiscaron año a año y que están sin utilizar y cuando hay una emergencia, es un despropósito, no utilizarlo, sostuvo.

“Es una mezquindad, detrás de todo esto hay una actitud política, de querer conflictuar la situación, los municipios están pasando momentos muy difíciles, los municipios pequeños están en problemas, sin posibilidad de cumplir los decretos del propio gobierno”, sostuvo.

Los municipios piden que se actúe de otra manera, dejen de lado los intereses políticos ante el problema de la pandemia, acotó al asegurar que el dinero está en cuentas del BCB, no se utilizó, fue certificado en su momento, por el mismo gobierno.

Senador

El Senador por Tarija, Fernando Campero Paz, elevó una Petición de Informe Escrito (PIE) al Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Guillermo Aponte Reyes Ortiz sobre el 12% del IDH de las entidades subnacionales, si hubo débitos o transferencias.

“Informe su despacho cuál es el monto acumulado, abonado a la cuenta habilitada en el BCB provenientes de recursos económicos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera”, menciona la primera pregunta.

Los datos deben proporcionarse desde el momento que se promulgó la ley 767 del 11 de diciembre de 2015 hasta el 31 de mayo de la presente gestión. “La respuesta tenga a bien respaldar de manera documentada, a través del documento formal que corresponda”, sigue el pedido.

“Informe su despacho, en el marco de la Ley 767, si ha habido débitos, transferencias, quiénes lo realizaron y a través de qué instrumentos formales y legales se efectivizaron, en qué montos, fechas y por qué objeto se materializaron”, menciona la segunda pregunta.

Esta pregunta también se refiere al 12% del IDH que el gobierno central tomó, desde el 2015 a marzo de este año, de gobernaciones, gobiernos municipales y universidades estatales, con el argumento de incentivar la exploración petrolera que no se dio.

La información requerida permitirá verificar si se cumplió con el espíritu de la Ley 767 y para que la población conozca más sobre la administración pública, sostuvo al remarcar que está en su derecho de fiscalizar la gestión del Poder Ejecutivo.

Fernando Barral Zegarra

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