Por sexta vez intentarán iniciar juicio a ex alcalde Montes

El Tribunal de Sentencia Segundo en Materia Penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), intentará por sexta vez este lunes 2 de agosto iniciar el juicio por el denominado “Caso Trabajadores”, en el que el Ministerio Público ha acusado formalmente al ex alcalde de Tarija, Óscar Montes, al haberse encontrado indicios de probabilidad de autoría en la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, y uso indebido de bienes y servicios públicos del Estado, hechos que se configuran al haberse empleado a funcionarios municipales en su domicilio particular, para labores de jardinería, carpintería, albañilería y guardia de seguridad.

El caso nace a raíz de una denuncia interpuesta en fecha 10 de agosto de 2016 por la Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal, al haberse recabado indicios de que el ex alcalde Oscar Montes, entre las gestiones 2011-2015, hubiere aprovechando su condición para utilizar mano de obra pagada con recursos del Estado con la finalidad de realizar trabajos domésticos en su domicilio ubicado en la zona de “San Jacinto”. Este hecho fue respaldado y fortalecido por las acciones de Óscar Alex Guillén, en su condición de director de Servicios Públicos del Municipio por ese entonces, quien en persona instruyó en muchas ocasiones a los trabajadores hacerse presentes en el domicilio antes mencionado.

Según la documentación a la que accedió este medio de comunicación, los funcionarios trabajadores municipales que prestaron sus servicios en el domicilio particular del acusado responden a los nombres de Leonardo Flores de ocupación albañil, Miguel Rojas de ocupación albañil, Alberto Llanque, carpintero de oficio, Florián Aguirre de ocupación jardinero, y Julián Robles en su calidad de Guardia Municipal, quienes realizaron trabajos según sus respectivas áreas en beneficio de la familia Montes.

El modus operandi ejercido según la documentación, consistía en que los trabajadores figuraban en tarjetas de asistencia y en cuadernos de registro, tanto en ingresos como en salidas en horas de la mañana y tarde, haciendo figurar así que cumplían sus roles establecidos para los que fueron contratados en el Gobierno Municipal. Asimismo, se tienen declaratorias en comisión y compensaciones, estrategias que en general hacían que los trabajadores presten funciones en el domicilio del ex alcalde percibiendo salarios del Estado. Acorde a la investigación, estos hechos nacían de la instrucción directa de Óscar Montes, “que no canceló un solo centavo” de sus propios recursos.

Concluida la etapa preparatoria del caso, el órgano de persecución penal determinó imputar formalmente a Montes en fecha 17 de enero del 2017, llevando adelante audiencia de medidas cautelares en fecha 1 de marzo de ese mismo año e imponiéndose a los imputados las medidas cautelares como presentación ante el Ministerio Público una vez al mes, prohibición de comunicarse con los testigos del hecho y las víctimas, y prohibición de concurrir al lugar del hecho que es el Gobierno Municipal. Posteriormente el Ministerio Público formuló una acusación en fecha 16 de agosto al haber suficientes indicios de probabilidad de autoría en la comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos y uso indebido de influencias.

La ley establece que en el caso de uso debido de bienes y servicios públicos un servidor público es pasible a una privación de libertad de uno a cuatro años existiendo agravantes que pueden extender la pena hasta ocho años y la reparación del daño causado. Por otra parte, la calificación del delito de uso indebido de influencias, estipula una pena de privación de libertad de tres a ocho años y una multa. La audiencia de juicio programada para ese lunes 2 de septiembre, se señaló después de cinco suspensiones atribuidas a la agenda y la carga procesal del Tribunal, que ocurrieron en fechas 16 de enero de 2018, 26 de marzo del 2018, 29 de mayo del 2018, 22 de octubre de 2018 y 18 de marzo de 2019. En el litigio, tanto el Ministerio Público y la parte víctima que es el Gobierno Municipal, harán la exposición de la prueba tanto documental como testifical, solicitando la imposición de una sanción condenatoria.

(Redacción Central)

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