Tres municipios ingresan en huelga reclamando redistribución de regalías

Instituciones de los tres municipios que impulsan el proyecto de Ley de redistribución de las regalías petroleras departamentales, decidieron iniciar con las medidas de presión, debido a que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) todavía no agenda el tratamiento de la propuesta de norma departamental en el pleno del ente legislativo.

Con el proyecto de ley buscan, destinar un porcentaje de las regalías para las regiones productoras, pero de lo que se produce en su propio territorio y también se otorga un porcentaje para las regiones no productoras de gas.

El lunes pasado, la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) de la Asamblea Departamental abordó el tema y se reunió con representantes de instituciones y organizaciones de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos, sin embargo, las regiones quedaron inconformes con la respuesta del presidente del ente legislativo.

La presidenta del Comité Cívico de Bermejo, Amelia Rivera, anunció que éste jueves acatarán un paro cívico movilizado, para exigir que la Asamblea Departamental agende el tratamiento del proyecto de ley.

Señaló, que el paro será contundente en los tres municipios, con el bloqueo de carreteras, para presionar a las autoridades.

Explicó, que en la última reunión que sostuvieron con el presidente de la Asamblea Departamental, Guillermo Vega, les habría indicado que el tema no se agendaría y que esperarían que pase las elecciones para recién hacerlo.

Rivera, indicó que los tres municipios que impulsan la propuesta, no esperarán a que pasen las elecciones para que se trate el tema y piden que se lo haga antes de que cambie la directiva en la Asamblea. “No hay predisposición para agendar el tema, quieren esperar que pase las elecciones”, expresó.

Reiteró que el paro cívico del jueves 2 de mayo, será contundente y con el cierre de las carreteras en Padcaya, Entre Ríos y Bermejo.

El sector de los campesinos y los gremiales bajarán a sus bases para hacer conocer de la convocatoria, para que se sumen a las medidas de presión para exigir el tratamiento del proyecto de ley por las regalías petroleras departamentales.

Rivera, indicó que están cansados de que se rescinda contratos de varios proyectos en Bermejo, debido a que no se tienen recursos económicos.

Mencionó, que alrededor de 10 contratos tuvieron que resolverse por falta de recursos, porque tienen que depender del ejecutivo departamental.

Con la propuesta, señalan que llegarán mayores recursos a las regiones para que se puedan ejecutar diferentes proyectos en favor de la población.

Anunció, que se convocará a una reunión de las instituciones de Bermejo para organizar el paro movilizado de éste jueves.

De manera conjunta con cívicos e instituciones de Entre Ríos y Padcaya, mañana brindarán una conferencia de prensa en la ciudad de Tarija para formalizar la convocatoria al paro cívico de 24 horas.

Consensos

En varias oportunidades, el presidente de la Asamblea Departamental, Guillermo Vega, indicó que estaban en busca de consensos con sectores de la población sobre el proyecto de ley, razón por la que todavía no era agendada.

Dirigentes de los municipios impulsores del proyecto de ley, indicaron que sólo faltaba consensos en el porcentaje que se establece en la propuesta para las regiones no productoras y aseguraron que en los demás temas se logró e consensos de varias regiones y sectores sociales.

45%

La ley 3038, establece un 45 por ciento de las regalías hidrocarburíferas departamentales a favor del Chaco, situación que fue observada por los municipios impulsores del proyecto de ley de redistribución, debido a que el Chaco se lleva recursos del gas que se produce en todo el departamento.

Explicaron, que con la propuesta esta situación cambiaría y recibirían regalías de lo que se produce en su territorio, tema que generó polémica en autoridades del Chaco, quiénes rechazan el proyecto de ley y amenazan con medidas de presión en caso de que se lo apruebe en la Asamblea Departamental.

La Asamblea Departamental recibió un informe del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) que también será analizado al momento de tratar el proyecto de ley en el pleno del ente legislativo.

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