Marcha indígena llega a la Sede de Gobierno incluyendo a la Subcentral Campesina de Tariquía

La marcha del pueblo indígena Qhara Qhara, que partió desde Sucre rumbo a la sede del Gobierno el miércoles 6 de febrero, llega hoy a la ciudad de La Paz luego de un mes y 12 días de caminata.

Esta marcha ha recibido el apoyo de los indígenas de todas las regiones del país, lo que ha puesto de manifiesto la unidad de los pueblos indígenas en la lucha por la defensa de sus territorios, muchos de ellos ubicados en reservas y áreas protegidas.

La presidenta de la Subcentral Campesina De Tariquía y principal figura por la defensa de la reserva tarijeña, Paola Gareca, está presente en la marcha, quien asegura que consideran justa las demandas del pueblo Qhara Qhara por la defensa de sus derechos. “El pedido de ellos tiene tres puntos clave, la restitución de sus terrenos, el respeto a la Constitución Política del Estado, así como el respeto a sus terrenos ancestrales”.

Gareca dijo que participan de la marcha indígenas de Santa Cruz, de Cochabamba, de Oruro, de Potosí, y de Chuquisaca de donde proviene el pueblo Qhara Qhara. “Somos algo de 120 pero yo creo que mañana (lunas) se van a incorporar más personas de Potosí, de Oruro, que son más cercanos. Nosotros como estamos allá pidiendo el respeto hacia nuestra reserva de Flora y Fauna de Tariquía, se hemos sumado a esta marcha porque vemos que es una causa justa, pidiendo también que se respete la CPE. La defensa de los territorios es importante, porque defender los territorios es defender la vida y casi en todos los departamentos tienen este problema. Es triste ver que nuestro gobierno quiera terminar con nuestros territorios, hacer lo que quiera con nuestros territorios, porque nosotros en nuestro territorios tenemos todo, ahí está la vida, los animales, donde nosotros trabajamos”, señaló

Gareca lamentó lo sucedido en Chiquiaca Centro la semana pasada donde la Federación de Campesinos aprovecho una reunión del sector para lograr hacer firmar un documento de aprobación a la actividad petrolera en la reserva.

“La federación de Campesinos siempre está a lado del gobierno, tiene que cuidar los intereses del Gobierno no de los campesinos, de gana se llama federación de campesinos, porque no ve nada en beneficio de los campesinos. Hacen lo que quieren, crean organizaciones paralelas, yendo en contra de los estatutos, pero ellos las dan por legales”, indicó.

Marcha Qhara Qhara

El objetivo de esta caravana es pedir al presidente Evo Morales que atienda al pueblo Qhara Qhara, ya que desde noviembre del año pasado, cuando enviaron sus demandas, no obtuvieron ninguna respuesta.

Los movilizados exigen el respeto a los documentos territoriales ancestrales y títulos de la Colonia, el cierre del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y que se cumpla la consulta previa.

“Hemos esperado la respuesta del Estado a nuestras demandas que hemos presentado como nación Qhara Qhara por la vulneración a nuestros derechos y por el incumplimiento de la Constitución, pero no tenemos ninguna respuesta y por eso mañana desde las 08.30 vamos a partir con la marcha”, dijo el representante del sector, Samuel Flores a ANF.

Entre sus principales demandas, los indígenas exigen el “cierre” del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para evitar la fragmentación en parcelas de su territorio colectivo ancestral.

“En este tema de tierra y territorio, la Ley del INRA todavía sigue vigente y con eso los ayllus de la nación Qhara Qhara han sufrido amedrentamientos y atropellos, el INRA incluso ha demandado a los líderes indígenas penalmente por defender su territorio colectivo, por esa situación se está pidiendo que se debe cerrar”, manifestó.

También -según el dirigente- se pide que el INRA ya no ingrese al pueblo indígena Quila Quila porque dentro de esta región sus habitantes “han sido atropellados”. Asimismo, “se exige el ejercicio de la igualdad de jerarquía de la justicia indígena respecto a la justicia ordinaria, además del respeto a la realización de la consulta previa”, apuntó.

Áreas protegidas en riesgo

En abril del pasado año, existían 21 proyectos ligados con la intervención de áreas protegidas y la vulneración de derechos de los pueblos indígenas en cinco regiones del país, según una publicación de La Prensa.

Del total de estos proyectos, 14 afectan a siete áreas protegidas de las 22 que existen a nivel nacional y una está ubicada en la región de Tiahuanaco que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los 15 corresponden a bloques petroleros cedidos a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Los otros seis fueron observados por ambientalistas e indígenas y corresponden a cinco hidroeléctricas y la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos.          

Las críticas contra los proyectos extractivos se reactivaron luego del acalorado discurso que brindó Evo Morales en la III Cumbre Empresarial de Las Américas y por el Día Internacional de la Madre Tierra que se celebra hoy.

De los 15 bloques petroleros sobrepuestos en áreas protegidas, San Telmo (Tariquía), Aguarague Centro, Acero y Astillero cuentan con contratos de exploración, mientras que La Ceiba fue cedida a la empresa petrolera Gazprom a través de un contrato de estudio.

“Antes de cualquier adjudicación se debería primero organizar la consulta previa, sin embargo, una vez nacionalizado el sector y siendo el Estado el principal actor, lamentablemente esto no se aplica”, afirmó el especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.

Si por un lado hay conflictos en los proyectos petroleros, también existe resistencia a la construcción de hidroeléctricas que también afectan a áreas protegidas.

El proyecto hidroeléctrico El Bala que está en etapa de estudio a diseño final fue uno de los más cuestionados. El estudio de identificación que fue filtrado el 2016, indica que se inundarán 595,28 hectáreas y su emplazamiento afectará a casi 4.000 habitantes.

“Más que nunca estamos siendo vulnerados los pueblos indígenas”, afirmó el secretario de Comunicación de la Mancomunidad de Comunidades del Río Beni y Quiquibey, Alex Villca. Indígenas de cinco comunidades que se oponen al proyecto plantearon su queja ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El Ingeniero Jorge Molina, docente investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), explicó que el proyecto hidráulico Chepete – Bala impulsado por el Gobierno de Evo Morales, asciende a un costo de 7.500 millones de dólares, y que el proyecto en sí mismo representa cerca del 25 por ciento del Producto Interno Bruto del país (PIB).   

“Esto no es un juego. En el caso de Chepete – Bala estamos hablando de un proyecto que sumados sus dos componentes representa según los estudios de identificación 7.500 millones de dólares. Es el proyecto, no sólo hidroeléctrico, sino el proyecto más grande de infraestructura de la historia del país, representa por si solo casi un 25 por ciento de PIB del país”, explicó Molina.

El docente investigador enfatizó que si bien se han llevado adelante proyectos hidroeléctricos de similar envergadura en el país como el proyecto Rositas, Chepete – Bala compromete una gran inversión y que la licitación fue concedida de manera inmediata por invitación directa a la empresa Geodata una vez concluidos los estudios de identificación.

el Andaluz/ Edición/ Impresa

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