Procuraduría investiga rescisión de contrato en variante al Chaco

La representación de la Procuraduría General de la República en el departamento de Tarija ha solicitado información sobre la rescisión de contrato entre la gobernación del departamento de Tarija y la Asociación Accidental “El Dorado”, conformado por las empresas MOLAVI, AITA Y MEALLA, “en resguardo y defensa de los intereses del Estado Plurinacional”, “por la causal de mayor interés del estado, en razón de existir informes técnicos y legales que refieren al incumplimiento del contrato por parte de la empresa”, señalan partes de las dos notas enviadas al Señor Lino Condori Aramayo Gobernador Interino del Departamento de Tarija, con relación a este caso.

Al respecto el diputado nacional Luis Alfaro dijo que “Como es de conocimiento público, en las últimas horas llevaron adelante una solicitud por parte de la asambleísta Nila Romero con relación a la rescisión de contrato de las variantes camineras hacia el Chaco, accionar que desde el punto de vista de Alfaro es digno de valorar. Saludo y respeto a la asambleísta Nila Romero, realmente esas polleras las necesitamos con decisión, no sé qué está pasando con la demás gente y espero que ese giro de 180° que hace rato estábamos necesitando y que con la denuncia de esta asambleísta se podrán instalar situaciones en las instancias legales correspondientes, dijo toda vez que agregó que espera que el Ministerio Público, Contraloría, Procuraduría como defensores de la sociedad y economía del Estado actúen de oficio y esclarezcan estos casos puesto que no es posible ver en este tipo de situaciones obras tan necesarias como en el caso de la variante al Chaco siendo una pena y vergüenza que estemos con este cuento y no podamos concluir la carretera”.

El diputado hace alusión a la rescisión de contrato con la A.A. “El Dorado”, que se adjudicó la construcción del tramo de la variante al Chaco mencionada en la modalidad de “llave en mano” la obra que no fue ejecutada tenía un costo total de Bs. 115.602.225,97 y debería entregarse en el plazo de 3 años, se empezó a construir el 27 de febrero del 2009 en la gestión de Mario Cossío y debería entregarse el 17 de Febrero del 2012, desde luego en la gestión del actual Gobernador Interino Lino Condori Aramayo.

En cuestión de anticipos, la Asociación recibió Bs.16.789.740, 83. En pago de planillas sumó Bs. 37.416.492,3 que sumados a lo anterior dan Bs. 54.206.234,13. La Asociación apenas cumplió con la ejecución del 18% de la obra, abandonó la construcción en enero del año 2011 y no se ejecutaron las boletas de garantía, sino que se concilio en la rescisión del contrato haciendo tablas.

La procuraduría en su representación departamental en fecha 28 de Octubre hace una primera solicitud de informe técnico legal circunstanciado y respaldado con documentación idónea, sobre la resolución de los contratos vinculados al proyecto ESTUDIO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO TARIJA VILLAMONTES EN EL TRAMO ZAPATERAMBÍA –ITAGUAZUTI, LLAVE EN MANO (Licitación Publica Internacional 0/10/2008 CUCE 08-0356-106130-1-1), “por la causal de mayor interés al estado, en razón de existir informes técnicos y legales que refieren al incumplimiento del contrato por parte de la empresa; al efecto se adjunta fotocopia de la noticia publicada en el Periódico El País el 26 de Octubre de 2012, página local 7.

Debiendo hacer llegar lo solicitado al domicilio de esta Dirección Desconcentrada Departamental de la Procuraduría General del Estado, dentro del plazo de cinco días hábiles. Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas”, y firma la Abogada Magda Lidia Calvimontes Calvimontes, Directora Departamental de Tarija Procuraduría General del Estado.

El plazo de 5 días planteados por la procuraduría no fue acatado por la gobernación, haciendo oídos sordos al requerimiento y en fecha 14 de noviembre, se hace un segundo requerimiento de información, pero esta vez destacando que en caso de no hacer llegar el informe en el plazo de 5 días hábiles, existe la alternativa de remitir informe al Procurador General del Estado, para la aplicación del contenido del citado Art. 8 numeral 5 que prevé: “La función de la Procuraduría General del Estado, de solicitar el inmediato inicio de un proceso administrativo para el establecimiento de responsabilidades por el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes, en los casos de negativa a la otorgación de la información requerida, por parte de servidoras o servidores públicos.

La segunda nota también está firmada por la representante de la procuraduría Departamental Magda Calvimontes.

En este intento vanos fueron los esfuerzos por lograr un contacto con la representante departamental de la Procuraduría, vía telefónica, por parte de este medio de comunicación para conocer cual fue la respuesta de la gobernación a esta solicitud, información que la requeriremos durante esta jornada.

De cualquier forma de lo que se tiene conocimiento es que en un informe de fecha 10 de noviembre de 2011 parte de la Dra. Claudia Bertram (Abogada del Sedeca) en la gestión indicada, en un informe al entonces director del SEDECA, Alberto Benítez Reynoso, señala que la comunicación sobre la SUSPENSION de los trabajos de parte de la CONTRATISTA, no es aceptada por el CONTRATANTE; por encontrarse fuera del marco contractual establecido y que a la fecha ES de cumplimiento obligatorio entre las partes, lo contrario sería poner en evidencia un franco incumplimiento al contrato de parte del CONTRATISTA, obligando al CONTRATANTE a aplicar lo dispuesto en la Cláusula Trigésima Séptima (suspensión de los Trabajos), ultima parte que señala: “Si i los trabajaos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por incumplimiento de las ordenes impartidas por el equipo de CONTROL Y MONITOREO o por inobservancia de las prescripciones del CONTRATO, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerán ninguna ampliación de plazo para la entrega de la obra, ni correspo0ndea pago alguno por el mantenimiento de la misma”.

Esta es una de las observaciones planteadas por el diputado Alfaro y la Asambleísta Nila Romero en el caso d ela rescisión del contrato en el tramo mencionado, habiendo ocasionado un grave daño al estado, considerando que la A.A. El Dorado recibió anticipos y pago de planillas en un porcentaje cercano al 60% y la ejecución de la obra alcanza solamente al 18%.

Al resolverse el contrato, se eliminan las boletas de garantía que debería pagar la empresa y que alcanzan a más de Bs. 8 millones, además de las sanciones y obligaciones como daños y perjuicios que debería pagar la empresa por no haber concluido con la obra. Desde luego provocando daño económico al estado.



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