Nunca dejaremos de hablar de corrupción…

Estos días la sociedad aunque callada o más bien traumatizada, está siendo testigo de la corrupción sin medida, del robo y estafa de millones de bolivianos, dólares o euros en los que políticos de alta y baja talla, con total impunidad y sin temblarles el corazón, actúan con total desprecio hacia el ciudadano sin importarles las consecuencias y en beneficio propio, creyéndose amos y señores de una sociedad que muchas veces calla,y en silencio soporta con resignación asumida, la crisis que precisamente han provocado los de siempre.

Constantemente, en medios de comunicación a nivel nacional, vemos como se realizan procesos judiciales, deteniendo a Alcaldes, Diputados y Gobernadores de uno y otro signo, concejales implicados en tramas urbanísticas hasta tal punto, que se tuvieron que crear cuerpos especiales del Ministerio Público para luchar contra este tipo de corrupción política que es más frecuente de lo que se aparenta desde los espacios de poder.

Tarija no es la excepción y un nuevo caso se destapa, la rescisión del contrato con la Asociación Accidental (AA) “El Dorado”, conformada por las empresas AITA, MOLAVI Y MEALLA quienes se adjudicaron la construcción de la carretera Tarija Villamontes variante al Chaco en su tramo ZAPATERAMBIA – ITIGUAZUTI, en la modalidad llave en mano, que no fue ejecutada, el precio total de la obra alcanzaba a Bs. 115.602.225,97 y debería entregarse en el plazo de 3 años, se empezó a construir el 27 de febrero del 2009 en la gestión de Mario Cossío y debería entregarse el 17 de Febrero del 2012.

En cuestión de anticipos, la Asociación recibió Bs.16.789.740, 83. En pago de planillas sumó Bs. 37.416.492,3 que sumados a lo anterior dan Bs. 54.206.234,13. La Asociación apenas cumplió con la ejecución del 18% de la obra, abandonó la construcción en enero del año 2011 y no se ejecutaron las boletas de garantía, sino que se concilio en la rescisión del contrato haciendo tablas.

Muchos anhelan ganar una elección para servirse del Estado. Muchos sueñan con ser asambleístas, gobernadores o alcaldes, para tener lo que nunca han podido obtener mediante su trabajo. Otros que sí lo han tenido, aspiran a tener poder. Esto que pasa frecuentemente en Bolivia, seguramente se repite en otros países de América Latina, donde quienes llegan a postular a un cargo público, lo hacen pensando únicamente en sus propios intereses y la forma de beneficiarse de la mejor manera del Estado.

Son pocos los que ingresan a la política con el propósito de hacer algo para cambiar las cosas. No muchos están dispuestos a dar lo mejor de sí para contribuir a construir un mejor país, una mejor sociedad y hacerlo con honestidad, honradez y responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

Estos hechos descubiertos por la prensa, solo son muestras de lo que pasa desde hace algún tiempo al interior del proceso de cambio y en los gobiernos locales y son prácticas usuales al interior de la administración pública que ahora salen a la luz porque la prensa quiso que ello se conociese. De otro modo, los actos de corrupción seguirían cometiéndose y la opinión pública no tendría conocimiento de ello.

En estos casos y en los que se descubran, la ley debe aplicarse con todo el rigor contra aquellos malos parlamentarios y funcionarios públicos que ven en el Estado un botín en el cual hay que meter mano. Estos actos no son errores ni casualidades. Son actos de corrupción, actos dolosos, que deben ser castigados de manera ejemplar, para que no vengan nuevos corruptos a ocupar sus cargos.



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