La verdad, ¡ahora!

Nos acercamos a la segunda semana desde que cuatro sicarios prendieron fuego a Fernando Vidal y Karen Delgado en las instalaciones de “Radio Popular” de Yacuiba, sin que las autoridades hayan precisado los motivos y los responsables de instruir el brutal ataque, pese a que tiene capturados a quienes cometieron el delito.

La identificación de los aprehendidos no dejaría margen de duda, porque además de haber sido reconocidos por los testigos, se contaría con sus propias confesiones auto inculpatorias; pero es precisamente por todo ello que este caso empieza a enredarse de la peor manera posible y siembra muchas más interrogantes que certezas.

La primera falla que inclina la balanza en esa dirección es la apresurada y categórica afirmación hecha por el ministro de Gobierno, de que el crimen carecería de motivaciones políticas ya que  la investigación “ha permitido descartar la hipótesis de que haya móviles políticos en ese hecho criminal”, según declaración textual de esa autoridad, apenas 48 horas después del incendio y tentativa de doble asesinato.

En algunas ocasiones puede lograrse un esclarecimiento categórico en inclusive menos tiempo, pero este no parece ser el caso, porque además de las acusaciones del periodista Vidal contra algún prominente político del lugar, la Policía mantiene en reserva o desconoce la identidad de quienes contrataron a los mercenarios.

Si solo se trata de un encargo para proteger a un contrabandista (como la sugieren las declaraciones oficiales) es completamente difícil de creer que los matones se muestren tan duros e impermeables para revelar el nombre de sus contratantes.

El hermetismo de los imputados es  tan notorio que ha obligado al flamante Fiscal General a declarado el caso como “prioritario”.

Los hechos están probando que prisa por etiquetar el caso ha sido extremadamente imprudente, mucho más cuando existe entre los periodistas la mayor de las susceptibilidades sobre el comportamiento y las intenciones oficiales respecto a los medios.

No es para menos ya que uno de ellos, encausado por el Gobierno, aparece nada menos que en la página de inicio digital de la Vicepresidencia (http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/ps.pdf) acusado de pertenecer a la derecha y allá se aporta como una supuesta prueba de las imputaciones que la madre del director de ese periódico es… ¡chilena! y, mucho peor todavía… ¡secretaria del consulado de ese país!

Que uno de los portales estatales más importantes del país, además una página obligada de referencia para investigadores e intelectuales de todo el mundo, tipifique como evidencias, de hechos eventualmente punibles, la nacionalidad o el trabajo de una persona, revela una actitud que no hace más que alimentar el escepticismo sobre las investigaciones de Yacuiba.

Los responsables de esa publicación – y el ministerio público-  no parecen asumir que ese contenido del sitio web se desliza en la tipificación de segregación, discriminación y racismo que tipifican nuestras leyes.

Los motivos de desconfianza no hacen más que apilarse al recordar  que fue el Vicepresidente quien anunció hace más de un año que ya había identificado al responsable de dar la orden de apalear a mujeres, infantes, ancianos y cualquier otro marchista del TIPNIS, – sin discriminación de naturaleza alguna, claro -, sin que hasta ahora se nos hubiese concedido el privilegio de conocer el nombre de ese delincuente de lesa humanidad.

Las autoridades tienen en las manos las cartas necesarias para encontrar a los responsables intelectuales del atentado incendiario; cada día de demora en hacerlo acumula dudas sobre los resultados que puedan presentarse más adelante.



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