Confusión intervencionista y justicia

En los últimos días, durante la visita del ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, las diferentes posturas departamentales en relación a la intervención “consensuada” a Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) fueron, prácticamente, en rechazo a este proceso, sin embargo, lo que si se aceptó era la realización de una auditoría a los últimos ocho años de gestión administrativa a la empresa.

Una semana que termina con la incertidumbre de cuál será el destino de la empresa de electricidad que comenzó con el anuncio del gobernador interino, Lino Condori Aramayo, de que la mentada intervención no iba a realizarse, transcurrió en medio de reuniones, asambleas y tertulias que, cuando termina la semana, no dejan hasta ahora nada claro, sobre todo porque, una vez más el Comité Cívico Pro intereses del departamento convoca a una serie de medidas en “defensa” de la institucionalidad tarijeña.

Sin embargo, el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, volvió a insistir en que la intervención a Setar es un hecho, dejando nuevamente los anuncios del gobernador, el Comité Cívico y cuanta autoridad departamental, juntamente con la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, de suspender este proceso en la nada.

Termina una semana llena de sobresaltos noticiosos, anuncios paralizadores y movilizadores y, para culminar, una audiencia cautelar que se prolongó por varios horas en la que la juez Miriam Flores fue sometida por haber dejado que Pablo Cossío, hermano del suspendido gobernador de Tarija, Mario Cossío, saliera sin custodia policial por 15 días, ella, sin embargo, explicó a los medios que cumplió con los procedimientos.

Entramos en un letargo de apenas dos días, un fin de semana que seguramente traerá novedades informativas, una movilización de instituciones para el lunes que anuncia ser masiva y, dependiendo de la respuesta gubernamental, que podría derivar en un paro indefinido en el departamento.

Solamente resta esperar que la intencionalidad de paralizar las actividades en el departamento no signifiquen pérdidas económicas para la población que vive del día a día, y que las autoridades de los diferentes niveles estatales logren acuerdos que, de una vez, nos liberen de la confusión intervencionista bañada en justicia.



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