Descuido involuntario o terquedad política?

Tal cual sucedió con la crisis generada por el sector de salud en pasada ocasión, cuando el gobierno nacional decidió resistir el asedio por más de 63 días. La gobernación del departamento de Tarija, al parecer olvido la promesa lanzada por su Secretaria de Desarrollo Humano, en sentido de que se pagarían los salarios con ítems de la gobernación, este martes 7 de agosto, paso un día y los trabajadores en salud mantienen su huelga de brazos caídos y no reciben su salario hasta ahora de 4 meses.

La acción raya en lo irracional, pues se dieron competencias al ejecutivo para poder usar dineros de manera discrecional, trasladando fondos de una partida a otra, y cambiando el uso de algunos programas a otros, sin embargo a la fecha no se tiene una solución sobre este espinoso tema y se recalca que lo que está en juego es la salud del pueblo.

Ese pueblo que es parte del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), como lo señala el actual partido en función de gobierno e inquilino momentáneo en la gobernación del departamento de Tarija, desaciertos que repercuten en la atención  de los pacientes que hoy por hoy se ven postergados en sus intenciones de llevar sus dolencias físicas a la atención de un profesional de la medicina, porque se encuentran en sus puestos pero tienen las manos caídas.

Haciendo un poco de historia recordamos que en 1953 se implementaría el sistema solidario de seguridad social que se limitó a los trabajadores dependientes o independientes que cotizan en este sistema, excluyendo al resto de la población que no podía cotizar y generando fuertes niveles de desigualdad, más aún si se consideran los altos niveles de desempleo y de informalidad que tendría la economía boliviana. Esta situación obligó a reformar el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la década de los 70’s, bajo el impulso de las tendencias en América Latina a enfatizar los gastos sectoriales y a forzar la reevaluación de prioridades como consecuencia de la crisis económica, buscando la eficiencia y la efectividad en la intervención del Estado, y la reducción del complejo médico industrial; así el SNS adopta un nuevo modelo de atención a través de médicos familiares en los hospitales. Más tarde en 1984, en el contexto de la Declaración de Alma Ata, se inicia una regionalización de la salud en Bolivia y se crean los Distritos y Áreas de Salud en el subsistema público, centrándose en la Atención Primaria de Salud (APS) y en una perspectiva más técnica, economicista y pragmática, gracias a los ajustes económicos impuestos por la crisis de los 80’s y al aumento de las desigualdades.

Pese a estas reformas, muchos trabajadores urbanos y rurales no alcanzaban acceder a servicios intermedios de salud y para entonces la medicina tradicional ya había ganado un espacio de importancia. La fuerte deuda social acumulada y el déficit de cobertura obligaron a reformular nuevamente el SNS hasta su forma actual, con la premisa de superar la inequidad en el acceso y en las coberturas de los servicios de salud, y de ajustarse a la realidad cultural boliviana.

Queremos creer que la intención del gobierno departamental es la de cumplir con los compromisos adquiridos para atender estos ítems, a pesar de que se trata de una responsabilidad del gobierno nacional, establecida en la misma Constitución Política del Estado (CPE), pero compromiso es compromiso y el honor debe respetar lo que se ha firmado.

Caso contrario, el sector salud que ha dado señales de apoyar a los pagados por ítems de la gobernación, podrían generar un otro conflicto esta vez departamental, con intención de hacerlo nacional.



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