Lidia M. Campos Miranda
A través de una estructura institucional diferenciada y coherente, la gestión pública es una de las herramientas con las cuales el Estado, desarrolla una acción independiente respecto al sistema social.
Por ello la administración pública adquiere en la actualidad un importante papel modernizador de consolidación de las instituciones públicas, en el cual se vincula su propia configuración y la eficacia de su relación con el mercado, la sociedad civil y la ciudadanía en general.
Convirtiéndose a la vez en un elemento de continuidad y garantía institucional y un espacio clave de mediación entre el poder político y la sociedad civil, por lo que juega un papel crucial en el logro de la legitimidad social.
Sobre esta base entendemos que quienes estén a la cabeza de instituciones públicas, deben ser personas idóneas, que se encuentren comprometidos principalmente con el bienestar social, el bien común y con un permanente ejercicio profesional ligado a la práctica de valores y respeto a los derechos humanos.
En América Latina la tendencia de transformación de la Gestión Pública se desarrolla en la misma época que en Europa. La rearticulación de las relaciones Estado-sociedad, ofrece no sólo la oportunidad para la transformación del aparato estatal sino también un fortalecimiento de la sociedad.
A partir de los años 80 es cuando surge un gran movimiento en favor de la transformación del aparato público, lo que se busca en esta época es el fortalecimiento del Estado como motor del desarrollo, económico, político y social.
Esta década implicó en América Latina una crisis que puso en riesgo la fuente de legitimidad en que se basa la mayoría de los países.
La empresa pública busca el interés general de la colectividad a la que pertenece, por ello, el proceso de toma de decisiones difiere de aquellas que pertenecen al sector privado.
La administración pública en nuestro país, tuvo una evolución que ha mostrado a lo largo de los años diversos mecanismos de elección de personas idóneas para espacios de gran compromiso social.
La incursión en los espacios de la administración pública, debe permitir la inclusión de recursos humanos cuya imagen y experiencia contribuyan a legitimizar y consolidar las instituciones públicas al servicio de la población de manera competente.
De esta manera la vocación de dichos servidores permitirá optimizar los servicios a la población, acercando a la misma a los diferentes niveles donde la toma de decisiones es un factor crucial del desarrollo social.
La Ley de Capitalización del 21 de marzo de 1994, ha quedado fuera de vigencia mientras el actual gobierno ha procedido a la nacional de empresas que antes eran administradas por inversionistas extranjeros.
Esto significa que más bolivianos están administrando actualmente las mismas.
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