Asambleista lamenta que la bancada del MAS, "haya dado la espalda a la democracia tarijeña"

Alan Echart, asambleísta por Camino al Cambio, lamentó que la Asamblea Legislativa Departamental  haya rechazado, por iniciativa del MAS, un proyecto  de Ley que contaba con el  respaldo de 6.000 firmas de la ciudadanía y  que de único objeto, “Se respete el voto popular  donde la autoridad electa por el pueblo, solamente pueda ser suspendida cuando tenga en su contra una sentencia penal ejecutoriada”.

El asambleísta Echart, enseñó que en este  proyecto de Ley  se pretendía la suspensión de una autoridad, únicamente cuando tenga en su contra una sentencia penal ejecutoriada, lamentó que el mismo haya terminado   siendo rechazado porque no se consiguió el apoyo de la bancada del PAN y del MAS, “Lamentamos ésta situación porque el ciudadano tiene derecho a elegir una autoridad y tiene derecho a que se respete la decisión popular”, expresó Echart.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL

Asimismo agregó que  este proyecto de ley iba en  favor de  la Constitución Política del Estado, ya que  en el marco constitucional,  la CPN,  establece que solo es requerida sentencia ejecutoriada  para que se suspenda a una autoridad, y esta  ley decía  explícitamente lo mismo.  Igualmente informó que en el debate del pleno  algunos asambleistas del MAS  plantearon el respeto hacia la Ley Marco de Autonomías, “Cuando lo  primero que se debe respetar es la Constitución  y  después la Ley Marco de Autonomías, eso es lo que establece la constitución, es la norma  de cumplimiento obligatorio, norma  suprema”.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS

Por otra parte, el asambleísta del MAS José Quecaña exteriorizó que este proyecto podría traer consecuencias jurídicas posteriores, alegando que  varios  asambleistas del MAS, PAN  y algunos de CC, rechazaron esta norma  “Porque tomaron conocimiento que esta norma no funcionaría  y que podría traer consecuencias a los demás asambleistas”

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS

Haciendo referencia a los dos asambleístas de la bancada del MAS,  quienes  presentan acusaciones, Quecaña reveló que deben ser suspendidos, debiéndose respetar la Ley Marco de Autonomías, como en su momento se aplicó con el  gobernador suspendido, Mario Cossío Cortez. “El cumplimiento  de esta norma significa la suspensión  temporal, si soluciona sus problemas hasta fin de año pueden retornar o para el próximo año igual, eso te dice la norma, la ley marco de autonomías”

Finalmente aseveró que en la Asamblea  todos están conscientes  del debido cumplimiento establecido por la ley marco de autonomías, ya que en caso de no respetar esta norma, los asambleistas estarán sujetos a sanción, “Cada nada la mayoría de los asambleistas tiene muchos procesos, más del 50 % tiene sumarios y las consecuencias pueden venir a cada asambleísta”.|

ley O� et�� �֠ da en la actualidad solo se transfiere el 7% pero ahora se quiere aumentar al 35% de la renta petrolera de manera directa al PROSOL. La norma menciona que se modifica la ley 3741 para la ejecución de iniciativas productivas en Tarija. Es decir, que se aumenta cinco veces más los recursos y eso significa 190 millones de dólares ya que el total de la renta petrolera es 556 millones de dólares.

La autoridad nacional está preocupada porque ese dinero no tendrá fiscalización ni candado, sino que directamente irá a las comunidades campesinas. Además que este tipo de financiamientos y manejo de recursos debe ser con perspectiva a largo plazo pero con esta ley otorgan recursos fáciles de dar, difícil de sostener e imposibles de quitar.

El diputado del MAS Luís Alfaro es el proyectista de la ley, incluso en el informe de la comisión menciona que no le corresponde reglamentar la distribución por lo tanto se debe consensuar con el Gobierno Departamental, pero en el informe de la Gobernación no existe aceptación fehaciente del tema.

CONFISCACIÓN

Situación similar sucede con la ley de seguridad ciudadana donde se obliga a los Gobiernos Departamentales a invertir 10% del Presupuesto general departamental en este tema, y los recursos serán administrados por el Ministerio de Gobierno y eso constituye una confiscación de recursos.

“Lo mejor era que el 10% sea manejado por el Gobierno Departamental. En los hechos no existe la autonomía porque en la Constitución Política del Estado menciona que la autonomía implica la administración propia de recursos y elección de nuestras autoridades, pero hoy no existe una autoridad electa en la Gobernación. Desde la plaza Murillo manejan libremente con leyes nacionales nuestro presupuesto”, concluyó la diputada.



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