Licitación de planta de propileno y polipropileno volvió a fojas cero

Luego que el martes se confirmara por el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, la anulación de la adjudicación del proyecto de construcción de plantas de propileno y polipropileno por “errores administrativos”. Autoridades de Tarija estiman que la Región Autónoma del Chaco deberá esperar por lo menos hasta la gestión 2018, para poder reencauzar la ejecución de la petroquímica de plásticos.

Tanto el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, como el asambleísta y miembro de la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), César Mentasti, coincidieron que al haberse anulado la licitación, este proceso nuevamente deberá empezar de cero, cumpliendo los plazos establecidos de acuerdo a norma. Mientras, el senador nacional por Unidad Demócrata (UD), Fernando Campero, refirió que está a la espera de un informe, de ahí recién evaluar cuánto tiempo más se debe esperar para tener la petroquímica.

Las autoridades mostraron su acuerdo con que se invierta los 2.200 millones de dólares en lo que significa la petroquímica, empero, pidieron al Gobierno transparentar la información, además que se analice la posibilidad de dejar beneficios para el departamento por la utilización del gas tarijeño. Asimismo pidieron planificar estas plantas, garantizando tanto materia prima y mercados de exportación.

“ANULARON POR PRESIÓN”

El senador Campero manifestó que esta suspensión del proceso de contratación de la empresa Tecnimon y Técnicas Reunidas en la etapa de construcción, se debe a la presión ejercida por intermedio del trabajo de fiscalización que se realizó desde la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Recordó que las observaciones a la ejecución de la petroquímica surgieron cuando se evidenció que la italiana Tecnimont había sido parte de anteriores adjudicaciones. Primeramente se observó que el proceso de contratación se originó en 2012, cuando a Tecnimont se asignó el estudio de ingeniería conceptual de la planta; el segundo hecho se dio en 2014 cuando se le entrega el servicio de apoyo estratégico para profundizar los estudios de preinversión de la planta y recientemente se le adjudica el proyecto de ingeniería y construcción de la planta “más costosa” que el país encara en su historia, 2.200 millones de dólares. A esto se suma que la misma empresa era quien elabora los términos de referencia de contratación para la empresa fiscalizadora de la construcción.

“Es decir que se iba a preparar una empresa a imagen y semejanza de Tecnimont, que al momento que se construya fiscalice los criterios elaborados por la misma empresa ejecutora –agregó Campero-. La presión ejercida sobre Tecnimont, más los indicios de corrupción con la empresa Drillmec, donde se puede evidenciar algunos indicadores de sobreprecio, incluida la participación de la Unidad de Transparencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”.

Que actualmente el expresidente de YPFB, Guillermo Achá, se encuentre privado de libertad, Campero indicó que estos elemento provocaron que se suspenda y no se proceda con la última etapa de la petroquímica.

Campero refirió que este es el trabajo de fiscalización externa, puesto que al no tener la posibilidad de conseguir información interna, se debe proceder por intermedio de los medios de comunicación y redes sociales, para destapar hechos en los que se evidencian posible colusión de intereses y puedan ser frenados.

Argumentó que YPFB sigue siendo mal manejado, por lo que se tiene previsto realizar un seguimiento exhaustivo del tema, si es que se llega a una segunda licitación de la etapa de construcción  se hará la fiscalización respectiva.

La autoridad refirió que el 5 de mayo ha solicitado una petición de informe sobre los tres procesos en los que Tecnimont se adjudicó los proyectos, refirió que si bien se ha paralizado este último, pero existe la necesidad de conocer lo que pasó con las anteriores contrataciones. Advirtió que si no hay un informe sobre este tema, nuevamente el Ministro de Hidrocarburos deberá comparecer en el Senado.

FISCALIZAR A YPFB

Campero indicó que lo que se hace es fiscalizar a la empresa más grande de Bolivia, refirió que esto se lo realiza por el hecho que YPFB manejó 530 mil billones de bolivianos en los 10 años y 10 meses que depende del Estado.

Lamentó que los presidentes de YPFB hayan sido interinos, esto a pesar de la existencia del artículo 159 de la Constitución Política del Estado, que establece que el representante debe ser elegido en base a una terna seleccionada por la Cámara de Diputados, empero esto siempre se desarrolló de manera interna y con un alto contenido político.

“Siete de los 8 máximos representantes de YPFB han sido militantes del Movimiento al Socialismo (MAS). De estos 7 militantes del MAS, cinco de estos fueron destituidos o se les pidió su renuncia por indicios de corrupción –agregó Campero-. Estos son los elementos de falta de institucionalidad y de un manejo gigante de dinero, que hacen que permanentemente tengamos instabilidad en la gestión de la empresa”.

El Senador indicó que en el caso de todos los expresidentes que fueron alejados de YPFB por indicios de corrupción, nunca se profundizó la investigación ni tampoco estos fueron enjuiciados, refirió que iniciando por Jorge Alvarado quien fue alejado de YPFB por indicios de culpabilidad tras una pérdida de 39 millones de dólares para la petrolera, un contrato irregular exportación de petróleo al Brasil.

“Alvarado salió de YPFB, se fue de embajador a Venezuela y ahora preside la empresa de Misicuni en Cochabamba, entonces vemos que en la mayoría de los casos vemos que no hubo una profundización de los procesos sumariales, administrativos o legales que deberían ser enfatizados en base a la información que pueda ser recabada por entidades legales o administrativas”, señaló Campero.

Campero indicó que a todo esto también se suma a un incumplimiento de la Ley 3940 de “desarrollo sostenible del sector hidrocarburífero”, lo que deriva en un incumplimiento de deberes por la certificación de reservas, ya que solamente se procedió a  certificar en la gestión 2009 y la gestión 2013, y no así anualmente como establece esta norma.

GOBERNACIÓN TAMBIÉN PRESIONÓ

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, reconoció que hubo una serie de factores que incidieron en la decisión asumida por el Gobierno central, consideró que estos se debieron a los cuestionamientos realizados desde distintos departamentos productores, senadores nacionales, cívicos, entre otros sectores.

“Desde esta Secretaría realizamos una serie de interrogantes al Ministro de Hidrocarburos y a los representantes de YPFB en el sentido que había cierta preocupación con respecto a que no existían las mínimas garantías de la materia prima que necesitaba este proyecto –agregó Castrillo-. Esta industria para garantizar su sostenibilidad y rentabilidad, entonces nosotros pedimos al Gobierno nacional por intermedio de las instancias que corresponden, nos informen de qué manera se iba garantizar el suministro de materia prima para que funcione la petroquímica”.

Castrillo refirió que estas interrogantes surgieron, al constatar que la Planta Separadora de Líquidos apenas funciona al 20% de su capacidad, y es ésta la que debe proveer de materia prima para que funcione la petroquímica.

El representante de la Gobernación consideró que ni el Ministerio de Hidrocarburos ni YPFB se preocuparon en hacer que la Planta Separadora garantice la materia prima para la petroquímica, además de las exportaciones y abastecimiento al mercado interno.

Castrillo destacó la labor del senador opositor Oscar Ortiz, quien fue uno de los actores que ha denunciado y observado la contratación de esta firma de esta empresa que se adjudicó las tres etapas del proyecto de la petroquímica.

“Esta es una anulación que se lo realiza hasta el vicio más antiguo, y parece que el vicio más antiguo ha sido la propia convocatoria, porque esta fue anulada –expuso Castrillo-. Lo que significa que se va reconvocar de nuevo, se va hacer una nueva convocatoria y seguramente tal vez se van a presentar las mismas empresas, y otras que estén interesadas, por lo que se va tener que hacer una nueva calificación, nueva adjudicación, nueva firma de contrato y esto va liquidar lo que resta del 2017”.

Señaló que con esto se pone en duda la inversión de 2.200 millones de dólares que debería hacer YPFB en el Chaco.

Castrillo expresó que lo que más preocupa, al margen de que el proceso de industrialización se ponga en duda, es la esperanza que ha generado a la población de la Región Autónoma del Chaco, puesto que ahí contaban con beneficiarse con “algo de la famosa industrialización”.

“Este beneficio de la petroquímica se iba a traducir en la accesibilidad del acceso a las fuentes de trabajo, en el montaje de esta industria, en la producción de algunos servicios de la población de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí –agregó Castrillo-. Sea en servicios de catering, lavandería, soldador, entre otras posibilidades que se abren con el anuncio de esta inversión, más ahora en esta época de crisis, cuando la economía del departamento se ha visto reducida por la baja de los ingresos que percibe el departamento”.

La autoridad de la Gobernación señaló que esta noticia va ser recibida con “desilusión” por la población chaqueña, ya que una obra de esta magnitud abría un abanico de posibilidades para que algunos puedan beneficiarse.

Castrillo señaló que este puede ser un momento para replantear los beneficios que vayan a dejar para el departamento estos proyectos de industrialización, ya que se utiliza el gas del departamento con precio de mercado interno y no el de exportación, a esto se suma que no deja regalías para Tarija.

“Es el departamento el que produce los hidrocarburos, es el departamento el que recibe ese montón de fierros que están en la Planta Separadora, que al margen que van a dejar un pasivo ambiental, no dejan ningún otro beneficio para la región y menos para la población –manifestó Castrillo-. Lo que no se quería, era precisamente que la inversión de la petroquímica no sea una industria más con sus impactos sociales y ambientales que implica, sin dejar ningún beneficio”.

El Secretario instó al Gobierno central transparentar la información respecto a proyectos que son parte de la industrialización, esto para evitar errores “administrativos” como se lo ha manifestado en la reciente anulación.

“Esperamos que YPFB pueda aclarar los errores administrativos, o es que la razón por la cual se asumió esta decisión es porque no existe la producción de hidrocarburos en el país y no existe la suficiente materia prima que alimente esa industria –indicó Castrillo-. Nuestros principales campos han declinado, no se hicieron nuevos descubrimientos de hidrocarburos en el país, no se certificaron nuestras reservas de gas, no sabemos cuánto tenemos”.

El asambleísta departamental, Cesar Mentasti, señaló que al haberse caído el proceso de contratación, se debe esperar los plazos establecidos por ley para nuevamente colgar un proceso licitatorio. A esto se suma el tiempo, en el que se debe investigar los motivos por los cuales cayó dicho proceso.

“Se ha suspendido una adjudicación de la nada, sin embargo, ahora tienen que levantar, nuevamente se debe licitar el proyecto, nuevamente debe volver al Sicoes, no olvidemos que es un proyecto de carácter internacional, entonces tenemos que regirnos a las normas, porque además es una licitación de mucho dinero –agregó Mentasti-. El chaco va tener que esperar por lo menos un medio año con el proceso de licitación, y reciente en una empresa contratada para llevar adelante este proyecto”.

Mentasti consideró que en el mejor de los casos este proyecto reciente vaya a retomarse en la gestión 2018, esto por el hecho que recientemente se cambió de presidente de YPFB, el cual deberá primero empaparse del manejo administrativo de la empresa, luego ponerse al día con los proyectos que están a puertas de ejecutarse.

Por su parte, la asambleísta Amanda Calisaya anunció que realizará una petición de informe al representante de Tarija en el directorio de YPFB, para conocer a cabalidad los motivos de la nulidad de contratación de la petroquímica.

Contexto

Se estima que las plantas de propileno y polipropileno procesarán 250.000 toneladas métricas de propano al año, abasteciendo a la demanda local y derivando el 90% de la producción a mercados internacionales. La petroquímica debía entrar en operación a partir del 2018, empero esto aún se retrasará más tiempo.

Consideran que la implementación de la petroquímica y la ejecución de las plantas de propileno y polipropileno, generarán en una primera instancia la creación de 4.000 nuevos empleos de manera directa, beneficiando no solamente a la región, sino al departamento y el resto del país.

Esta petroquímica procesará el propano que proviene de la planta separadora de líquidos, dando continuidad al proyecto de industrialización de los hidrocarburos, el cual tendrá un efecto multiplicador con el sector empresarial privado del departamento quien fomentará el movimiento económico a través de la prestación de servicios.

En la petroquímica se están invirtiendo 2.200 millones de dólares, del cual, el Banco Central brinda un crédito de 1.800 millones y una contra parte de 400 millones de dólares por parte de YPFB. Esta mega obra de la ingeniería tiene previsto iniciar su ejecución en el segundo semestre de la presente gestión y se espera que entre en funcionamiento el primer trimestre de la gestión 2021.

Cabe recordar que la Gobernación ya remitió la licencia ambiental a YPFB para que se pueda ejecutar la petroquímica.

LEONEL SUAREZ QUIROGA

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